Medio: Opinión
Fecha de la publicación: miércoles 07 de agosto de 2019
Categoría: Procesos electorales
Subcategoría: Elecciones nacionales
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El discurso presidencial por el 6 de agosto, día de la independencia nacional, dejó sabor a poco a algunos opositores y miembros de ONG refutó al vicepresidente Álvaro García sobre la buena salud de la democracia.
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Mientras el senador Óscar Ortiz,candidato presidencial por Bolivia Dice No calificó de fracaso al Gobierno de Evo morales, el empresario y líder opositor, Samuel Doria Medina, observó cifras económicas infladas en el informe, reportó ANF.
Ortiz
calificó el discurso de Morales, ante la Asamblea Legislativa
Plurinacional, como de campaña política por considerar que tardó 10 años
para reconocer el fracaso de su Gobierno. El candidato participó en los
actos efemérides por el 194 aniversario de Bolivia en Beni.
Argumentó
que Morales se olvidó en su discurso hablar de temas fundamentales que
preocupan a las familias bolivianas como ser la salud, calidad en la
educación, empoderamiento de las mujeres, falta de empleos formales y
derecho a la jubilación.
Por su parte, Samuel Doria Medina,
no está convencido con el discurso. A través de su cuenta de Twitter
dijo que "sigue usando estadísticas infladas para alabar a su Gobierno.
Sus números repetitivos ocultan que Bolivia sigue siendo el país más pobre de Sudamérica, y que la mayoría tiene una vida dura y sin oportunidades"
Ortiz argumentó que Morales compara sus 13 años de Gobierno con los 180 años anteriores.
"Lo
que no dice es que ha administrado con más presupuesto en estos 13 años
que en los 180 anteriores, y tampoco dice que ha habido más corrupción
en estos 13 años que en todos los anteriores".
DEMOCRACIA
Durante su discurso ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP),
el Vicepresidente afirmó que durante el actual Gobierno se profundizó
la democracia y se garantizó la libertad de asociación y pensamiento.
El responsable de Incidencia Política del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Marco Gandarillas, alertó de un grave deterioro en la relación entre sociedad civil y Estado.
Denunció
que no solo se cooptaron y dividieron a las organizaciones sociales y
sindicales críticas al Gobierno, sino que también se criminalizó la
protesta tal como sucede con los cocaleros de los Yungas.
Añadió que la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia también sufrió persecución y, pese a que se denunció a foros internacionales, no hubo ninguna investigación.



