Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: domingo 11 de marzo de 2018
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Repostulación presidencial / 21F
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Mar o 21F, un falso dilema
Ocurre que por arte de birlibirloque, el tema marítimo se ha convertido
en una bandera política cuyo único objetivo y cuya premisa fundamental
es garantizar la perpetuación de Morales en el poder. La manipulación de
la causa le quita toda legitimidad y un eventual éxito de Bolivia en la
Corte Internacional de Justicia representa automáticamente un éxito
político de Morales.
Quien aceptó una responsabilidad en esta tarea es un cómplice y, peor
aún, quien lo acompaña en los alegatos orales de La Haya no es otra cosa
que un tonto útil que, dándole la espalda a la defensa de los valores
democráticos expresados en el referendo, contribuye a la perpetuación
del autoritario gobernante. Tal afirmación no merecería mayores
consideraciones si no fuera evidente que una parte de la opinión
pública parece haber creído que, en efecto, la defensa de ambos
principios es incompatible.
Empecemos por decir que la demanda de Bolivia se presentó en 2013, hace
cinco años. Un momento en el que era prácticamente imposible adivinar
el contexto socio político que viviría el país en 2018, tiempo de su
desenlace. Fue concebida y desarrollada por un equipo multidisciplinario
del más alto nivel, que contó con historiadores, abogados y políticos
que dieron lo mejor de sí para lograr, a partir del sólido trabajo
diplomático llevado a cabo durante más de 100 años por nuestros
antecesores, un documento de extraordinaria coherencia y solidez.
La base de este salto cualitativo de dimensión histórica fue comprender
que la causa marítima sólo llegará a buen puerto si es asumida como una
política de Estado. Así lo asumimos quienes nos comprometimos sin
reserva alguna con la acción del Estado, representado en este caso por
el actual gobierno. Es el único modo de aceptar, por ejemplo, porqué
acepté ser el Representante Oficial de Bolivia para la Demanda en el
ámbito comunicacional.
Cualquiera sea la circunstancia que enfrentemos en política interna,
esa posición es y será invariable hasta que este proceso jurídico
concluya. El compromiso con el tema más importante de nuestra política
exterior no puede estar condicionado por afectos o desafectos, por
buenas o malas razones; sólo puede estar signado por la trascendencia
que tiene una cuestión planteada en 1910 por Daniel Sánchez Bustamante,
quien colocó como divisa la reivindicación nacional de un acceso
soberano al mar como un imperativo para cada boliviano.
Este compromiso, por supuesto, no puede inhibir ni inhibe nuestra clara
posición de defensa militante del respeto al resultado del 21 de
febrero, que le dijo un No categórico a la intención del Presidente de
ser reelegido indefinidamente. No sólo eso, el respeto a las normas
internacionales y nacionales que reclama a nuestro vecino debiera ser
una premisa para él mismo. No se puede demandar a los demás lo que no se
está dispuesto a cumplir personalmente.
Mi posición con relación a este segundo tema ha sido y es inequívoca:
el cumplimiento del veredicto del pueblo soberano en el referendo que le
dijo No a la modificación de la Constitución es obligatorio.
El fallo del Tribunal Constitucional es una vergüenza, no sólo por su
contenido, sino también por la forma en la que fue impuesto y por el
absoluto desprecio de las instituciones democráticas expresadas por el
Poder Ejecutivo. La defensa del voto popular y la exigencia de la
anulación de una decisión que ha roto el orden democrático, es un
mandato para cualquier ciudadano con un compromiso profundo con esta
forma de convivencia en una sociedad que se respete a sí misma.
No es ni justo ni sensato pretender que una cosa es contradictoria o
antagónica con la otra. Ambas van por caminos separados. El argumento de
que el Gobierno usará un eventual y deseado éxito boliviano en La Haya
(probablemente en un fallo que se conocerá en el último cuatrimestre del
2018), nos llevaría a quienes defendemos el 21F a desear el fracaso del
país para evitar esa posible manipulación política. Tal afirmación es
absurda, como es absurdo dividir a los políticos bolivianos entre
quienes van a La Haya y quienes se quedan.
A los seres humanos se los juzga por toda una vida, por lo que en ésta
han hecho de palabra y obra en el caso que nos ocupa, vinculada con el
compromiso por la democracia y sus valores.
En este contexto lo que cabe es apoyar sin reticencia alguna nuestra
causa marítima con la misma fuerza que defendemos el respeto a la
democracia y a la inalienable voluntad popular, que ha dicho un No
rotundo a un proyecto de cariz totalitario.
Carlos D. Mesa Gisbert fue presidente de Bolivia.