
Bolivia Decide/Edición Impresa
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, exteriorizó su sospecha de que la campaña electoral de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), que postula al expresidente Carlos de Mesa, es subvencionada por Estados Unidos porque “ahora más que nunca” el Gobierno de ese país interviene en el proceso electoral boliviano.
La afirmación surge en torno a las declaraciones de Diego Ayo, exvocero de la alianza, quien reveló en una entrevista con Página Siete que esa organización recaudó $us 10 millones gracias a quermeses y que estos recursos no eran el monto total previsto para su campaña electoral.
“La declaración del señor Ayo respecto a esta magia de la organización, de la quermés para recaudar 10 millones de dólares, que era el 20% de lo que tenía que recaudar, yo creo que ya es un dato bastante elocuente para sospechar de dónde viene el dinero. ¿En qué lugar del mundo se puede financiar una campaña electoral con quermeses?”, cuestionó el ministro en declaraciones a Abya Yala el miércoles por la noche.
Luego de la revelación de Ayo, De Mesa dijo que su exvocero fue malinterpretado, pero decidió despedirlo.
En la entrevista, Quintana explicó que desde hace 50 años Estados Unidos buscó la forma de entrometerse en los procesos electorales de Bolivia.
Recordó que entre 1985 y 2005, la Embajada de Estados Unidos ejercía la tarea de disciplina partidaria entre las fuerzas políticas —Acción Democrática Nacionalista, Movimiento de Izquierda Revolucionaria y Movimiento Nacionalista Revolucionario—, a las cuales enseñó a realizar las denominadas alianzas o pactos políticos.
Mencionó también que cuando Evo Morales se lanzó a la candidatura presidencial, el entonces embajador estadounidense en Bolivia, Manuel Rocha, trató de interferir en la voluntad popular al pedir a la población que no vote por él, a quien además tildó de terrorista.
Otro ejemplo que dio es que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), expulsada por el presidente Evo Morales en 2013, distribuyó en 2016 unos $us 50 millones a fundaciones, ONG y movimientos políticos con el objetivo de perjudicar el referendo que se realizó el 21 de febrero de ese año.
Bolivia “es un país asediado, que está siendo víctima de un conjunto de operaciones de desestabilizaciones y no será nada extraño, para nada, me anticipo y lo digo con la mayor vehemencia, que en este período electoral seamos víctimas de las acciones más ruines de operadores políticos criollos gobernados desde afuera”, alertó.
Advirtió que estas maniobras políticas hoy se están realizando a través de organizaciones políticas de diferente índole, de la Iglesia católica y distintas fundaciones.
En un contacto con un grupo de periodistas ayer, Quintana pidió una semana para preparar la explicación sobre “las manos largas de los Estados Unidos en procesos electorales” del país. “La mano larga, la mano negra del Gobierno de los Estados Unidos, les adelanto, en los últimos 50 años de eventos electorales ha estado presente en Bolivia”, deslizó Quintana.
“¿Y ahora, ministro?”, preguntó un periodista. “Y ahora, yo les diría, más que nunca y les voy a demostrar”, aseveró la autoridad.
Anticipó que se “pasarán los datos” para que la población “tome conciencia de que su voto no puede ser secuestrado por la injerencia extranjera”.
Para la diputada de Unidad Demócrata (UD) Shirley Franco, las declaraciones del ministro muestran que el MAS-IPSP busca recuperar el apoyo perdido. “El apoyo que el Movimiento Al Socialismo ha perdido no lo va a recuperar apostando a este tipo de campaña terrorista”, dijo.



