Así afirmó el fiscal asignado al caso Alpacoma I, Luis Fernando Atanasio Fuentes, en una entrevista con Cambio.

También dijo que en las investigaciones se encontró evidencia de que los lixiviados derramados en el deslizamiento llegaron al río Alpacoma y que ese desastre ambiental afectó la salud de los pobladores de Achocalla.

Atanasio reveló que la Fiscalía concluyó que la administración del vertedero, es decir la empresa Tersa, incurrió en acciones negligentes y que la Alcaldía de La Paz no cumplió su labor fiscalizadora.

¿Por qué delitos se imputa al alcalde de La Paz, Luis Revilla?

Hemos tomado conocimiento de la acción penal que presentó el alcalde del Gobierno Autónomo Productivo de Achocalla contra el gerente de Tersa, Vladimir Gutiérrez, y del alcalde de La Paz, Luis Revilla, acerca del deslizamiento del 15 de enero, cuando parte del relleno sanitario cedió y vertió desechos y los lixiviados sobre el río Alpacoma.

Se imputó formalmente al gerente de Tersa por el delito de atentado contra la salud pública y a Revilla por atentado contra la salud pública e incumplimiento de deberes, pues es un funcionario público y la máxima autoridad ejecutiva (MAE) del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP).

¿Qué aspectos relacionados con el deslizamiento está investigando la Fiscalía?
Estamos centrando nuestra investigación en dos acciones concretas descritas en el Código Penal, vinculadas al delito de atentados contra la salud pública: el derrame de lixiviados y provocar algún tipo de enfermedad a la población. 

Hemos evidenciado que hay una cantidad de personas, exactamente siete, que el día de los hechos y los posteriores manifestaron que padecían algún tipo de malestar, es decir cefaleas, dolor de estómago y diarreas.

Hay una persona que señaló que fue internada en el Hospital Cotahuma porque estuvo expuesta a la contaminación generada por el deslizamiento. Estamos investigando ese entorno, toda vez que se afectó a la salud de la población de Achocalla.

La otra acción es verter lixiviados en el río Alpacoma, eso es algo concreto que se vio en un sinfín de imágenes que fueron replicadas en varios medios de comunicación. 

¿Se indaga el manejo del relleno sanitario antes del derrame?
Verificaremos el antes, durante y el después del deslizamiento. En la investigación, estamos analizando el manejo de la disposición final de la basura por parte de Tersa para establecer cualquier tipo de responsabilidad penal.

Se colectaron elementos de convicción que certifican que no se cumplieron los requisitos técnicos que se precisan para el manejo de un relleno sanitario, ni siquiera tenía licencia ambiental y tampoco se tenía un plan de contingencia.

Recién cuando se produjo el evento, el 15 de enero, se elaboró un plan de contingencia, pero este debería estar diseñado con antelación para responder a cualquier emergencia, como el caso que investigamos. 

¿Qué acciones del alcalde Revilla y del gerente de Tersa se consideran delictivas?

Hay varias acciones, incluso a nivel técnico, que la empresa no cumplió. Por ejemplo, las piscinas y celdas no cumplían los requisitos técnicos en la conformación de los taludes, incluso no se habría puesto membrana impermeabilizante.
Son muchas acciones negligentes por parte de Tersa que provocaron el deslizamiento de la basura y el vertido de lixiviados en el río Alpacoma.

El simple hecho de seguir recibiendo desechos cuando ya se tenía colapsada la capacidad del relleno es una de ellas. Sin embargo, seguían recibiendo basura cuando ya había cumplido su capacidad. Esas son acciones que también estamos investigando.

En cuanto al GAMLP se estableció que debía realizar inspecciones periódicas, tal como establece la Ley 1333, pero no lo hizo. Su responsabilidad es atender el tema de la basura desde el recojo, tratamiento y disposición final; el hecho de contratar a empresas privadas para que se ocupen de esto no le exime de fiscalizar, de controlar, de ocuparse de que se cumplan las normas.

Hay una actitud omitiva y pasiva por parte del GAMLP en este caso porque no encaminaron el tema de la licencia ambiental, algo que debía estar claro.

El GAMLP argumenta que tiene una licencia ambiental vigente, obtenida en 2010; sin embargo, empezaron operaciones desde 2004. El GAMLP pretende olvidar que el relleno sanitario estaba funcionando seis años antes. Si obtuve la licencia en 2010 no puedo olvidarme del tiempo anterior en que el vertedero funcionó.

Esa no es responsabilidad de Tersa, sino de la Alcaldía, así también ocurre con el plan de contingencia.
El GAMLP no cumple con los principios constitucionales de protección a la Madre Tierra, que señalan que hay que precautelar el medio ambiente.

La Fiscalía pedirá la detención domiciliaria 

El fiscal miembro de la comisión asignada al caso Alpacoma I, Marco Antonio Rodríguez, informó que el Ministerio Público solicitará la detención domiciliaria del alcalde Luis Revilla, quien fue imputado por los delitos de incumplimiento de deberes y atentado contra la salud pública en el caso Alpacoma I.

“El Ministerio Público considera que los riesgos procesales que se analizaron en este proceso no ameritan una medida preventiva, sino una medida de aseguramiento”, argumentó el fiscal.

Rodríguez aguarda que el juez 7º de Instrucción en lo Penal de la ciudad de El Alto fije fecha y hora para la audiencia de medidas cautelares para el alcalde Revilla y para el gerente de la empresa Tersa, Vladimir Gutiérrez, quien también fue imputado por atentado en contra de la salud pública. 

El fiscal detalló que la petición incluye la obligación de presentarse periódicamente ante el juez, arraigo —que prohíbe salir del país— y una fianza económica.

El representante del Ministerio Público señaló que la comisión de fiscales, integrada también por Fernando Atanasio, no vio necesario solicitar la detención preventiva, pues Revilla es alcalde de La Paz.