Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: viernes 09 de agosto de 2019
Categoría: Órganos del poder público
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El Ministerio Público pidió la detención domiciliaria del Alcalde, acusado por delitos contra la salud pública e incumplimiento de deberes. El fiscal Marco Antonio Rodríguez descartó la detención preventiva porque Revilla “tiene trabajo”. Solicitó además una fianza, un registro biométrico, la imposibilidad de acercarse a determinados lugares y arraigo para que no pueda obstaculizar la investigación.
Al respecto, el Alcalde comparó el trabajo del fiscal al de un “mago”. “Los términos de referencia de la auditoría establecen que su objetivo es establecer las causas, las responsabilidades y si se produjo un daño al medioambiente. Pero antes de que se realice el estudio resulta que la Fiscalía ya encontró el daño, halló al responsable y las causas. Esto es una persecución judicial y política en contra del Alcalde”, añadió Revilla.
La Alcaldía depositó más de un millón de bolivianos en abril al Ministerio de Medio Ambiente para la auditoría ambiental. La autoridad de esta cartera de Estado, Carlos Ortuño, dijo, en esa oportunidad, que el plazo es de 270 días, aunque puede ser modificado.
Revilla añadió que presentarán una demanda internacional. “Acudiremos a instancias internacionales porque en algún momento se hará una auditoría legal a estos procedimientos. En ella se establecerá las irregularidades e inventos detrás de la imputación y el proceso”, afirmó.
El concejal por SOL.bo Pedro Susz informó que el juez definirá, en última instancia, si el pedido del fiscal procede y también determinará si permite a Revilla continuar con sus labores.
“Eso lo debe determinar el juez. Hay que esperar la audiencia de medidas cautelares. Lo que hay es un pedido de la Fiscalía, pero quien toma la decisión es el juez”, declaró el concejal.
José Luis Bedregal, dirigente de SOL.bo, dijo que se creó una “tramoya política” y se “está tramando un golpe institucional” contra el gobierno municipal. “En todo este tema participaron más de cinco legisladores, dos viceministros, dos ministros y la presidenta de la Cámara de Senadores del MAS”, afirmó.
Para evitar este golpe, Bedregal afirmó que tomarán todos los recaudos legales. “No confiamos en que la justicia actúe con independencia”, dijo.



