En menos de tres meses, el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) ha enrostrado al país dos concentraciones masivas de personas con las que, según dijeron sus voceros, pretenden demostrar que es el partido más grande de Bolivia.
Se trata, obviamente, de dos muestras de poder pero, al mismo tiempo, estas concentraciones están aparejadas de síntomas fáciles de advertir.
Por una parte están los lugares elegidos para semejante concentración de gente. La primera fue en Chimoré, el 18 de mayo, porque el Chapare es, a no dudarlo, el principal bastión del MAS. Por otra parte está la elección de Santa Cruz, la ciudad donde el primer lugar en la intención de voto la tiene un partido opositor, y la fecha, 2 de agosto.
Sí. Hubo multitudes tanto en la provincia Carrasco de Cochabamba como en la mismísima capital de la oposición pero es difícil determinar cuánta gente fue de manera voluntaria y cuánta lo hizo con una intención diferente. Aunque autocalificado como “instrumento”, el Movimiento Al Socialismo (MAS) es, al final de cuentas, una organización policía y actúa como tal. En virtud a ello, usa y abusa del aparato del Estado para el cumplimiento de sus objetivos.
Por eso, hubo gente que viajó a sabiendas de que, si no lo hacía, ponía en riesgo su estabilidad laboral, o quizá la de su cónyuge, dependiendo de las circunstancias. Si bien es cierto que el MAS se cuidó de que sus mecanismos de coerción no se advirtieran, no pudo evitar ciertas filtraciones que confirmaron las sospechas.
Pero son las infracciones legales las que preocupan de este nuevo intento reeleccionista del presidente. Las imágenes de multitudes, la propaganda de realización de obras y la difusión de expresiones de contento con el Gobierno configuran un mensaje claro de este último: solo Evo Morales puede gobernar Bolivia.
En el marco de ese mensaje/campaña, Bolivia no sería la misma sin Morales como presidente: las obras cesarían, el (supuesto) bienestar se acabaría, los bonos y el doble aguinaldo desaparecerían, las empresas del Estado serían nuevamente entregadas a las transnacionales y… en fin… solo restaría decir que el sol se acabaría y la luna se extinguiría.
Pero el detalle no está en la capacidad para gobernar o en los resultados de una gestión. Aún en el supuesto de que Evo Morales sea, como propagandean sus acólitos, el mejor presidente que tuvo Bolivia –pues esa es una afirmación discutible–, nada ni nadie puede ir contra la Constitución Política del Estado (CPE) porque, si lo hace, se estaría asestando un duro golpe a la institucionalidad del país.
Sin importar toda la parafernalia jurídica que armó para contradecirlo, incluido el maniqueo grosero del Tribunal Constitucional, lo cierto y evidente es que el artículo 168 de la CPE sigue vigente pues nada ni nadie lo ha cambiado. Y ese artículo dice que ni Evo ni su vicepresidente pueden ser candidatos en la elección de octubre.
Entre los muchos argumentos que se difunden para convencer a la gente de que el bienestar colectivo está por encima del texto duro de la Constitución tenemos el que señala que no se respalda a la persona —Evo— sino que se protege a la Patria de un embate “de los neoliberales”. A ese patriótico argumento hay que responder que no hay mayor daño que se le puede hacer a un país que violar su Constitución.
