Seis exalcaldes del MAS, que administraron Quillacollo de 2006 a  2015, solicitan que el juicio por la mala ejecución del plan maestro de agua y alcantarillado prescriba para omitir un daño económico de 59 millones de bolivianos.

Los exalcaldes que piden que el juicio prescriba son: Ricardo Mercado, Hugo Miguel Candia, Orlando Espinoza, Marcelo Galindo, Carla Lorena Pinto y Charles Becerra. Sin embargo, la actual autoridad, Willy López (FPV), anunció que en condición de víctimas acudirán a la audiencia fijada para el 8 de agosto.

“Vamos a asistir a la audiencia, porque este proyecto sigue pendiente y mantiene latente un débito automático” contra la Alcaldía, declaró.

El alcalde suplente informó que los exalcaldes observan el alcance de la auditoría y que Mercado fue el primero en solicitar la prescripción.

Aunque el pedido de Mercado fue aceptado por el juez, aún no se ha ejecutado, porque la Alcaldía rechazó.

Además, del proceso legal, la Alcaldía de Quillacollo corre el riesgo de que el Gobierno debite de su cuenta 42 millones de bolivianos por la obra inconclusa. En tanto, el Ministerio de Medio Ambiente condicionó la paralización del descuento a la realización de una auditoría técnica para cerrar el proyecto con el Consorcio Cochabamba.

“Necesitamos saber qué porcentaje de la obra sirve y qué queda pendiente”, dijo Willy López.

El proyecto tenía un costo de 8 millones de dólares, comenzó a  ejecutarse en 2006 y  debía concluir en 2013. Los recursos  fueron obtenidos a través de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con la finalidad de  mejorar la cobertura a servicios básicos  de vecinos de los distritos 1, 2 y  3.

EXAUTORIDADES RECHAZAN DELITOS

La defensa de los seis exalcaldes asegura que estos no tienen responsabilidad, debido a que las acciones que realizaron en sus gestiones de “alguna manera” encaminaron el avance del cierre del proyecto. Sin embargo, los vecinos afectados por los trabajos inconclusos aseguran que llama mucho la atención que las exautoridades hayan continuado  pagando al Consorcio Cochabamba por una obra que desde el inicio tenía observaciones técnicas.

En junio de 2017, el Ministerio de Medio Ambiente resolvió que el proyecto estaba mal ejecutado tras  realizar inspecciones topográficas, excavaciones y tuboscopía  la red de agua y alcantarillado.