Aunque la reforma institucional, reflejada en leyes de cuotas o de paridad, es clave, la discusión no puede iniciar y terminar allí. Hay pasos más profundos de cara a reducir las asimetrías citadas y en esa dirección podrían orientarse las agendas generadas desde la investigación científica, las reformas de políticas publicas y las demandas de las organizaciones cívicas que defienden los derechos de las mujeres. 

En efecto, existe evidencia empírica que da cuenta que los distintos mecanismos de acción afirmativa no son suficientes. En primer lugar, incluso en países en los que las leyes de cuotas o de paridad han alcanzado mayor desarrollo, como Argentina o Ecuador, hay un punto de inflexión a partir del que la presencia de mujeres en las legislaturas no avanza. La única forma de resolver este estancamiento, desde lo institucional, sería establecer una norma que disponga colocar en el primer lugar de las listas a candidatas. 

Aunque esta salida aparentemente es la más eficaz para enfrentar el problema, tensiona seriamente con principios elementales de la democracia moderna. Por ello, quizás el desafío, hoy por hoy, no tiene que ver solamente con el incremento en el número de legisladoras sino también con la mejoría en la calidad de la representación de los intereses de las mujeres. 

Aunque en dicha dimensión las actitudes machistas vuelven a ser una traba enorme, las salidas ya no están prioritariamente en el nivel institucional, sino que desbordan a otras aristas de la vida política. 

La democratización interna de los partidos políticos, en el sentido de mejorar el acceso de mujeres a cargos de decisión, es una de esas aristas. Solamente cuando la presencia femenina mejore en dicha dimensión, la cantidad de legisladoras superará el umbral que ahora se evidencia. Solamente cuando dicho paso sea efectivo, la calidad de la representación de mujeres en las legislaturas irá en aumento. 

Basta una ligera revisión de las agrupaciones políticas de América Latina y sus dirigentes para evidenciar que las secretarías ejecutivas o direcciones nacionales son espacios esencialmente masculinos. Luego, si quienes designan candidatos son hombres, difícilmente la presencia de mujeres en política presentará mejores resultados. 

Aunque en esta parte se podría argumentar que una respuesta al problema está en la modificación del diseño institucional que atañe a la vida interna de los partidos, en lo de fondo la posibilidad del cambio tiene que ver con una reforma estructural, educativa y cultural, en la que lo normativo podría incluso pasar a segundo plano.

A lo dicho hay que agregar que la mayor presencia femenina en cargos clave al interior de los partidos políticos no sólo fomentará la reducción de asimetrías cuantitativas y cualitativas en la arena legislativa, sino también el incremento de mujeresotros espacios de toma de decisión política.

 Un ejemplo constituyen las alcaldías o gobernaciones municipales, en las que las leyes de cuotas o paridad no aplican por tratarse de cargos uninominales. Al respecto, resulta alarmante no sólo que el porcentaje de alcaldesas latinoamericanas no supere el 20% sino también que su participación se concentre en ciudades de menor densidad poblacional. 

Otro buen ejemplo está en los gabinetes ministeriales y las altas cortes de justicia, pues son espacios en los que la designación no está mediada por la elección universal sino por la decisión política de las élites. Al respecto, la evidencia empírica hallada da cuenta que en la gran mayoría de países de América Latina la presencia de ministras o juezas supremas / constitucionales no solo es mínima, sino concentrada en ministerios o campos jurisdiccionales de menor impacto político.

Si bien las reformas institucionales son importantes para reducir las asimetrías en la representación política de mujeres y hombres en América Latina, circunscribir la discusión a dicho espacio corre el riesgo de estancar el debate y la consecución de resultados óptimos. Tanto la designación de mujeres en el primer sitial para elecciones plurinominales como la inclusión de candidatas para los cargos uninominales tiene que ver con un cambio estructural en la concepción de la política y de quienes deciden al interior de los partidos políticos. 

En ese espacio, precisamente, es donde la región ha avanzado menos. Si quienes designan candidatos o inciden sobre la designación de ministros o jueces siguen siendo prioritariamente hombres, las probabilidades de que en esos espacios contemos con más mujeres descienden considerablemente. 

Las leyes no son todo. Sin embargo, mientras el foco de atención continúe solo en esa dimensión, el déficit cuantitativo y cualitativo de representación de mujeres en la política latinoamericana seguirá siendo una de las grandes deudas del régimen democrático.