El artículo 266 de la vigente Constitución Política del Estado (CPE) expresa textualmente: “Las representantes y los representantes de Bolivia ante organismos parlamentarios supraestatales emergentes de los procesos de integración, se elegirán mediante sufragio universal”. Posteriormente, la Ley 522 pasó a regular sus normas y procedimientos.

Cabe acotar que en la Unión Europea se procede con el mismo sistema de elección popular para los miembros del Parlamento Europeo y otras instancias internacionales, pero con una enorme diferencia marcada básicamente por el mayor desarrollo político y cultural del viejo continente. Al copiar por copiar y sin bases sólidas al respecto, la experiencia nacional no ha sido buena ni provechosa.

Bolivia tiene representación en varios parlamentos supranacionales, entre ellos el Parlamento Andino, el Latinoamericano, el Amazónico y el Indígena, como también la Unión Parlamentaria Mundial. Los actuales parlamentarios supraestatales fueron elegidos mediante sufragio en las elecciones de 2014. Hay nueve titulares y nueve suplentes. El Parlamento de la Unasur quedó sin efecto por la prematura muerte institucional de esa politizada entidad. Faltaría en el futuro designar a los representantes para el Mercosur, instancia que tendría que cumplirse una vez Bolivia pase a ser miembro pleno de ese bloque.

Según lo han expresado con objetividad respetados analistas y expertos, los parlamentos supranacionales actualmente no tienen mayor utilidad, no aportan casi en nada y resultan onerosos para la economía nacional. Cada supraestatal titular le ha costado al país hasta ahora Bs 1.200.000, según datos que han sido ampliamente divulgados. La norma establece que los supraestatales percibirán una remuneración económica igual a la de un legislador. Son Bs10.800.000 en total para los nueve titulares, equivalentes a $us1.577.000. Impresionante cifra para resultados prácticamente nulos. Y si sumamos los suplentes, el monto crece. Al sueldo percibido se deben agregar los viáticos por viajes realizados.

Más allá de las fuertes críticas opositoras y de las laudatorias exaltaciones a favor que repiten diversos miembros del oficialismo, es un hecho que a corto plazo debe analizarse con objetividad el tema de los supraestatales. No es cuestión de elegir únicamente por el voto popular, tal como demagógicamente se lo ha determinado. Esos representantes de Bolivia en el exterior -para ser candidatos- previamente tendrían que demostrar experiencia en las relaciones internacionales, plenos conocimientos de los sutiles manejos de la diplomacia parlamentaria multinacional y contar con reconocidas trayectorias y méritos profesionales comprobados. Solamente así esos parlamentarios supraestatales bolivianos podrán cumplir adecuadamente su misión representativa para brindar los resultados positivos que el pueblo espera y que no se reciben hasta el momento.

El país necesita tener buena representación, tanto en países como en organismos multilaterales. Es preciso que quienes asuman ese rol sean personas que hubieran superado los límites impuestos por la ideología, ya que los intereses de Bolivia deben estar por encima de cualquier otro afán. Solo una actuación profesional permitirá que la nación tenga resultados positivos y proyecciones alentadoras a futuro, con base en el desempeño de quienes llevan el nombre de la patria fuera de las fronteras.

La figura de estos representantes es constitucional y en las elecciones de octubre los bolivianos tendrán que elegir a los representantes supraestatales. Es menester que se verifique la trayectoria de cada uno, de manera que el costo de mantenerlos reditúe favorablemente para el país.