Personalidades de nuestro continente no han podido sustraerse ni guardar distancia diplomática, por lo menos, de aquel personaje al que se han referido hace poco: Nicolás Maduro. El expresidente del Uruguay José “Pepe” Mujica, su ex –aliado, y el presidente de Colombia Iván Duque no han tenido inconveniente alguno en calificar al actual régimen venezolano que aquel preside, como una dictadura. Ambos personajes coincidieron en darle el calificativo. Ese carácter dictatorial fue denunciado por la expresidente Bachelet que antes visitó Caracas para luego dar un “informe lapidario” respecto al régimen autoritario que gobierna Venezuela.

Toda tiranía, abierta o solapada, sabemos que es un sistema político caracterizado por el menosprecio a la libertad y dignidad de la persona humana, que lamentablemente termina por reprimir en forma sistemática a quienes se manifiesten contrarios al régimen gobernante y por coartar el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales, más aun tratándose de quienes están alineados con todo derecho en la oposición atenidos a las reglas propias de un veraz juego democrático que permite y garantiza –  como no puede ser de otra manera -  la disidencia.

Esta deplorable y preocupante experiencia negativa se ha dado lamentablemente con alguna frecuencia en nuestra América no obstante de que fue la primera en haber sentado las bases sólidas de los derechos humanos, antecedente conocido por todos. Nos referimos a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, trascendental e histórico documento aprobado en el marco de la Novena Conferencia realizada en 1948. Pese a ello América todavía confronta la presencia del régimen dictatorial de Maduro.

Inclusive hay gobiernos que le expresan su apoyo identificándose como seguidores o cómplices de ese régimen, para lo que invocan el principio de auto determinación de los pueblos, como si tal principio de soberanía podría cobijar y justificar los desmanes punibles de un régimen como el que se tiene actualmente en Venezuela.

De ahí que la etapa preelectoral que vive el país da margen para recordar estos antecedentes indicados brevemente y, al mismo tiempo, para reflexionar sobre los alcances y objetivos de dicha etapa. No olvidemos que nuestro país debe enfrentar el desafío de las elecciones de octubre para conformar los poderes públicos y dar vigencia efectiva a las prácticas democráticas que buscan la alternabilidad en el ejercicio del poder, y hacer eco del clamor popular de una firme unidad ciudadana ante las intenciones de un nocivo y abusivo prorroguismo que intenta una espuria e inconstitucional candidatura del oficialismo.