El panorama político está enrarecido por una caótica disputa electoral de nueve frentes, uno de ellos inconstitucional e ilegítimo, en la que resulta fácil caer en la tentación de los debates estériles, las promesas mentirosas y la pérdida de una preciosa oportunidad para rectificar los caminos que transitan los gobernantes de turno y las políticas aprobadas por estos, en nombre del desarrollo social y económico de Bolivia. Es lo que está sucediendo en los hechos. Remarco lo de un frente inconstitucional e ilegítimo, ya que el binomio del MAS se ha impuesto violando la Constitución y la voluntad popular expresada en el voto del 21 de febrero de 2016, voto que da legitimidad a un gobierno.

El énfasis puesto en la inconstitucionalidad y en la ilegitimidad del frente oficialista no es casual, sino más bien necesario para ejemplificar cuán perdidos estamos todos en el caos generado por este atropellado proceso electoral. El solo hecho de haber admitido trillar este tortuoso camino, aceptando la imposición del binomio Morales-García, ya nos pone en desventaja para alcanzar el ideal de aprovechar esta coyuntura electoral para rectificar caminos y políticas de Estado. La falta de resolución oportuna y acertada de ese problema nos distrae de los asuntos centrales para la ciudadanía en esta coyuntura electoral, como son, entre otros, los referidos a los pilares que garantizan bienestar social para todos.

Salud, educación, seguridad, justicia y oportunidades de trabajo digno destacan entre esos pilares. Y en el centro de ese gran conjunto, destacan aun más los que contemplan a uno de los segmentos más importantes y hasta hoy menos atendidos de la población, como es el que abarca a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Un segmento que, de acuerdo a cifras oficiales, representa un tercio de la población del país. Pero no un tercio cualquiera. Es el tercio sobre el cual descansa el futuro inmediato del país. Un futuro cada vez más incierto, dígase de paso, si analizamos fríamente las estadísticas de crecimiento y desarrollo de estos casi cuatro millones de niños, niñas y adolescentes.

Estadísticas que deberían obligar a decretar emergencia en los tres niveles de gobierno, si se consideran en su verdadera dimensión las que dejan al descubierto las carencias vistas en el cuidado y atención a los niños desde temprana edad, el incumplimiento de derechos a la vida, salud, educación y cuidados que tienen infantes y adolescentes, reflejados en los índices de violencia y maltrato infanto-juvenil que, de tanto repetirse, parecen habernos curado de espanto. Estadísticas como las publicadas en 2012, señalando que en ese año se estimaba que 2,8 millones de niños y adolescentes vivían en situación de riesgo en Bolivia. Estamos hablando de más de la mitad de la población infanto-juvenil.

A ese dato añado otro no menos preocupante, incluido en un informe reciente de Unicef Bolivia, que recuerda lo reflejado por la EDSA en 2016: una de cada 6 adolescentes ya era madre o estaba en su primer embarazo al cumplir los 19 años, cifra que se reducía a 1 de cada 3 adolescentes en poblaciones amazónicas, como las de Pando. Estamos hablando de una realidad que pone en serio riesgo de vida a las adolescentes, ya que otras cifras dan cuenta que las complicaciones durante el embarazo y el parto constituyen la segunda causa de muerte entre las chicas de 15 a 19 años.

Podemos seguir detallando cifras, pero no es el propósito de esta reflexión. La intención es que sirvan para sacudirnos del letargo y la apatía en los que estamos, hasta provocar en cada uno de nosotros el salto a la acción en esta coyuntura electoral. Una acción que nos lleve a interpelar a los actores políticos que hoy están en plena disputa por el poder, obligándolos a incorporar en el debate electoral y en sus propuestas de gobierno cada una de las demandas pendientes a favor de niños, niñas y adolescentes. Unicef preparó una agenda con seis prioridades, que bien puede servir de punta de lanza.