Lucio Gómez, diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), visitaba en su despacho al exalcalde suplente de Quillacollo, Zacarías Jayta del Frente Para la Victoria (FPV), según testimonios de exfuncionarios, quienes prefieren mantener su identidad en reserva. 

Más de 30 audios de WhatsApp acompañaron la denuncia presentada ante la Fiscalía contra Gómez. Esa situación derivó en que una jueza dictara su detención domiciliaria sin derecho al trabajo, el viernes. Además de una fianza de 200 mil bolivianos que debe cancelar en 15 días y tiene prohibido acercarse a los implicados o testigos del proceso denominado “audios de corrupción” de Quillacollo en el que está siendo investigado. 

Sobre su cercanía con la Alcaldía de Quillacollo, también el exsecretario general, Grover Corrales (de la gestión de Jayta), dijo que, en una ocasión, saludó a Gómez, cuando éste se disponía a ingresar al despacho del Alcalde, según su declaración informativa del 11 de julio. Aclaró que desconoce si participó en los “tratos” con empresas adjudicadas.

Corrales, exsecretario sentenciado a cuatro años de cárcel tras un proceso abreviado, fue invitado a formar parte de la gestión de Jayta por su cercanía con las organizaciones del MAS. Fue miembro de la dirección departamental de ese partido, pero indicó que no tenía una relación cercana con el diputado tras asumir el cargo en la Alcaldía. “Una vez me habló para coordinar temas políticos porque él tenía la aspiración de ser Alcalde de Quillacollo y en otra ocasión cuando me delegaron (a una actividad) en el Distrito 4”.

Esa afirmación fue ratificada, hace unos días, por el parlamentario, quien manifestó que las acusaciones en su contra son una medida política de la oposición para “perjudicar” su carrera sindical y su “potencial” candidatura a la Alcaldía del municipio de  Quillacollo.

En uno de los audios, en los que se presume que habla Gómez se escucha que comenta que el presidente Evo Morales lo llamó para felicitarlo por su supuesta candidatura. “Él está pensando que voy a ir por el MAS, no voy a ir (por el partido de Gobierno)”, se oye en la conversación. 

El diputado fue acusado de “orquestar” la crisis en Quillacollo y que disponía  nombramientos en cargos jerárquicos. 

Sin embargo, Gómez rechazó las denuncias e indicó que la administración de la Alcaldía es “autónoma” e “independiente” y que no tiene nada que ver con los concejales del FPV ni con otros munícipes. 

 El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, sobre el proceso de Lucio Gómez, manifestó que el diputado habría hecho “negociados” con el alcalde suspendido Eduardo Mérida para que éste retorne a la silla edil. Supuestamente recurriría a la manipulación de jueces y otras autoridades. 

AUDIOS Según las grabaciones presentadas a la Fiscalía se evidencia la participación de varias personas que propiciaron la inestabilidad municipal de acuerdo a sus intereses personales. 

En uno de los audios, se oye presuntamente la voz del diputado que se refiere a qué concejal asumiría la silla edil después que Jayta fuera enviado con detención preventiva, el 1 de febrero. Uno de sus colaboradores le manifiesta que no confía en Antonio Montaño (quien fue alcalde suplente), pero el diputado le pide que no se anticipe. Además que no había otra alternativa. También dicen  que el presidente del Concejo será Roberto Vargas.

En otro material, se oye que hablan de la ampliación de la denuncia contra Mérida y otras tres personas. El diputado indicó que él se lo buscó por ir a los medios de comunicación y que incluso le había recomendado que no lo hiciera.

También conversan sobre la intención del parlamentario de visitar a los fiscales asignados al caso. Sus colaboradores confían en que tiene influencias en esa institución. 

IMPLICADOS Israel A., encargado de cobrar las coimas; Ronal C., externo, y Nedenka M., exsecretaria son las personas aún “desaparecidas” que cuentan con una orden de aprehensión.

La Fiscalía emitió ese mandamiento contra 10 personas por uso indebido de influencias y concusión, el 26 de julio de 2019, de los cuales, siete ya prestaron su declaración informativa. Se trata del diputado del MAS, Lucio Gómez, quien fue favorecido con detención domiciliaria. También obtuvo la misma medida, el alcalde suspendido del FPV, Eduardo Mérida.

En tanto, Gerson E., exjefe de Recursos Humanos; Florens A., exsecretario de Finanzas (de la gestión de Zacarías Jayta) y Osmán P., exjefe de personal de Salud fueron enviados con detención preventiva a la cárcel de Arani, San Antonio y San Pedro, respectivamente.

Noé B., exdirector de Educación, logró medidas sustitutivas a la detención preventiva y Henry. C., exjefe de Transportes, fue aprehendido después de que se presentara a la Fiscalía, el viernes. Se prevé que su audiencia de medidas cautelares sea mañana.

Por el caso, también está con detención preventiva el exalcalde Zacaría Jayta y el expresidente del Concejo Municipal, Víctor Osinaga, en la cárcel de San Sebastián y San Pablo, respectivamente, desde el 1 de febrero de 2019.