En estos días de  ambiente enrarecido por la campaña electoral que se está dando se tiende a ser monotemático a la hora de escribir una columna; sin embargo, esta semana he decidido dedicar estas líneas dominicales a otro tema, que aunque parece particular, es general y de extrema importancia, porque dibuja no sólo la tremenda injusticia y precariedad en la que vivimos, sino también la precariedad de lo que las denuncias periodísticas pueden lograr si no hay voluntad política o, mínimamente, vergüenza.

Hace cinco años tuvo lugar un evento que llenó los espacios de noticias, tanto en la televisión como en las radios y en los medios escritos, fue la triste muerte del niño Alexander, víctima ante todo de la pobreza en la que nació y en la que vivió, incluida una institución de acogida del Estado Plurinacional.  La noticia, distorsionada, no se sabe por qué, ni por quién,  en primer lugar; pero tomada por cierta a partir del diagnóstico equivocado de una forense chapucera, quien tenía el apoyo incondicional del entonces Fiscal General, apareció como si se tratara de la violación de un niño de menos de un año de edad y su consecuente muerte. 

Un par de meses después fue apresado el médico que atendía el orfelinato donde estaba acogido el bebé y casi cuatro años después fue condenado a 20 años de cárcel, por el hecho de haber sido encontrado culpable de uno de los delitos más espantosos que se pueda imaginar: la violación del bebé.

El doctor Jhiery Fernández, quien gritó su inocencia, donde pudo y como pudo, fue expuesto a tratos no solamente humillantes, sino que pueden ser considerados como tortura; encerrado en mazmorras malolientes, que podrían ser salidas de algún espacio carcelario medioeval. Finalmente,  y no gracias a un trabajo serio llevado a cabo  por la Defensoría del Pueblo,  por el Ministerio de Justicia o por alguna repartición del Poder Judicial, sino gracias a las declaraciones de la canallesca jueza Pacajes, quien,  en medio de una farra, comentaba, suelta de cuerpo, que el joven galeno había sido condenado sin pruebas, y creyendo ella que él era inocente.  

Hace 10  meses, el doctor Fernández, ante el clamor popular, y el escándalo mediático que tuvo lugar a partir de esta enorme injusticia, fue liberado de su injusto encarcelamiento. El hecho fue un gran alivio para la víctima y para su entorno; sin embargo, la pesadilla para el joven médico no ha terminado. El doctor Fernández sigue arraigado y sigue teniendo que ir cada dos semanas a presentarse ante  a la Fiscalía; en otras palabras: el sistema judicial boliviano todavía no lo ha absuelto,  cuando en realidad debería haberse planteado ya hace tiempo una compensación merecida por los vejámenes sufridos y por los cuatro largos años de su vida perdidos en las celdas de San Pedro.

Lo que está pasando es inaceptable. Es obvio que el protagonista de esta terrible historia está hoy más aliviado que cuando estaba privado de sus libertades y ni que se diga de cuando estuvo encerrado en ese espacio de pesadilla llamado “La Muralla”, al interior del panóptico paceño, pero llama la atención la falta de voluntad política de los espacios de poder en el Poder Judicial, en general, y en la Fiscalía, en particular, de no hacer que este caso sea solucionado lo antes posible. 

Mientras tanto, uno de los responsables principales de este vergonzoso manejo de la justicia, el Fiscal General de la Nación de entonces, ligado íntimamente al partido de gobierno, ha sido nombrado Cónsul General en Santiago de Chile, un cargo que tiene rango de Embajador, impresionante premio para alguien con el currículum tan mancillado. 

La situación actual del doctor Fernández debe seguir indignándonos, tanto a opositores (que tienen la razón para mostrar este hecho como un ejemplo más para no permitir la permanencia indefinida del actual partido en el poder), como para la gente de bien que todavía pueda haber en las filas del MAS, quienes debería presionar para que esta terrible y vergonzosa injusticia sea subsanada a la brevedad.