Hay diversos anuncios sobre convocatorias a “paros cívicos” en defensa de la democracia y, sobre todo, en contra de una cuarta postulación del actual gobernante y su acompañante; paros que se realizarían con miras a conseguir que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) actúe conforme a la Constitución y las leyes y no sea instrumento manipulado por el gobierno o por cualquier grupo político-partidista; en fin, paros que, se dice, buscarían que la legalidad se imponga en todo el proceso electoral a partir de las campañas que se realicen en forma previa a las elecciones; pero…

Los paros, las huelgas, las manifestaciones y suspensión de actividades laborales, o del transporte o de cualquier naturaleza, que se sepa, no siempre han dado lugar a que se encaucen todos los motivos de reclamos por las sendas de las leyes. Por el contrario, cuando esas medidas sociales no son contundentes, resultan manifestaciones y hechos contrarios a la libre circulación y tranquilidad de las personas, en unos casos por la obstrucción al autotransporte y la suspensión de actividades que perjudican a la producción. En fin, causan numerosos daños no solamente a la economía del país sino a la tranquilidad colectiva.

Creer que el gobierno puede cambiar sus políticas sobre cualquier tópico de la vida nacional, sin considerar que está empeñado en que sean aplicadas y, mucho más si se trata de imposiciones que determinará mediante decretos, es ser utópico. Hasta ahora, recordemos tan solo lo ocurrido en los últimos siete meses del año: se llega a la conclusión de que casi ningún paro ha sido contundente o ha cumplido con los objetivos programados.

Se anuncia paros -uno de ellos a partir del 21 de agosto- que, en los hechos, si no tienen respaldo masivo para mostrar contundencia, no harán otra cosa que favorecer las políticas del gobierno que sabe sopesar los paros conforme a sus conveniencias. Y es que son los hechos los que cuentan, los que definen situaciones y los que, finalmente, pueden favorecer o poner en entredicho las disposiciones e intereses no solamente del gobierno, sino de su partido que inclusive tiene mayoría parlamentaria que, muchas veces, aprueba los extremos porque “así conviene a la política oficial”.

En el sentir de la mayoría de la colectividad, si los paros, huelgas y bloqueos organizados por entidades como los comités cívicos, federaciones, sindicatos y demás organizaciones laborales no logran los objetivos que persiguen, por falta de contundencia; en su mayor parte, son aprovechadas por quienes eran objetivo de las mismas. En otras palabras, el paro que convocan ahora los comités cívicos tendrá que ser de resultados rotundos, pues en caso contrario beneficiará al partido de gobierno y a sus candidatos que, por cuarta vez, pretenden consolidarse en los poderes de la nación.

Es importante que las organizaciones cívicas piensen muy bien en lo que pretenden, no vaya a ser que los resultados favorables que buscan sean todo lo contrario, porque el oficialismo al que están dirigidos sabe cómo contrarrestar sus efectos y aprovechar los resultados para su beneficio.