«A cualquier autoridad hábil y no impedida del Estado Plurinacional de Bolivia (…) aprehenda y conduzca a la testigo: NemesiaAchacollo Tola (…) Mandamiento solo ejecutable el día viernes 16 de agosto de 2019 en horas hábiles, para que preste su declaración como testigo de descargo para el día sábado 17 de agosto, a horas 09.00», refiere la resolución judicial a la que tuvo acceso ANF.
La orden judicial dispone que la exministra se conducida en calidad de aprehendida hasta el salón del Tribunal para que responda a las interrogantes que le planteen por uno de los casos del Fondo Indígena.
Los antecedentes de este tema se registraron el 26 de julio de este año. Ese día, Achacollo debía presentarse a declarar como testigo, en el juicio que se le sigue a Marco Aramayo y otras personas. Precisamente Aramayo ofreció como testigo a la exministra, porque considera que ella presidió el Fondo Indígena durante varios años. 
La exministra fue notificada con la citación y el Juzgado Segundo de Instrucción Penal de La Paz le dio permiso para que acuda a esa convocatoria, esto porque dicho juzgado dispuso que la exautoridad cumpla la detención domiciliaria en Montero (Santa Cruz) por un proceso abierto en La Paz, también por el Fondo Indígena. 
Sin embargo, Achacollo no se presentó y los jueces del Tribunal ordenaron su aprehensión.
La defensa de la exautoridad interpuso una acción de libertad contra los jueces del Tribunal porque había defectos en la orden de aprehensión (como errores en la fecha), no notificaron con el permiso judicial a su defendida y además la notificaron con la citación a destiempo vulnerando sus derechos, por todo eso pidieron la anulación del mandato judicial.
La Sala Penal Tercera de Oruro programó audiencia para la tarde del miércoles tratar esta acción de libertad. Pero los jueces del Tribunal antes de ir a dicha audiencia dejaron sin efecto la orden de aprehensión.
Oscar Ayala, abogada de la exministra, dijo ese día que una vez que los vocales de la Sala tuvieron conocimiento de la anulación, entonces denegaron la acción de libertad porque ya no había nada que tratar y se remitieron a disponer que se cumplan con las formalidades judiciales para que Achacollo acuda a declarar a Oruro. 
Posteriormente, los jueces del Tribunal subsanaron los defectos que tenía la primera aprehensión y el jueves emitieron una segunda orden corregida contra la exministra.
La orden de los jueces es concreta: que se aprehenda a Achacollo el 16 de agosto y se la conduzca hasta Oruro para que declare en juicio un día después.
Hoy Achacollo dijo a los medios de comunicación que se presentará a declarar porque no tiene ningún problema para hacerlo, siempre y cuando la notifiquen con el permiso judicial.
La exministra de Desarrollo Rural, NemesiaAchacollo, interpuso una acción de libertad en contra de los tres jueces del Tribunal Tercero de Sentencia de Oruro que ordenaron su aprehensión. La exautoridad argumenta, según documentos a los que accedió ANF, que hay defectos en las determinaciones que emitieron estas autoridades en contra de ella.
El abogado Óscar Ayala, en representación de la exministra, interpuso este martes el recurso jurídico en contra de los jueces Julio Huarachi Pozo, Mónica Camacho Vásquez y José Miguel Vásquez.
«Por amenazar, restringir el derecho a la libertad física y de locomoción; impetrando se admita la presente acción de libertad, señalando de manera inmediata día y hora de fundamentación oral del recurso», refiere la acción de libertad interpuesta por Achacollo.
El abogado de la exministra mencionó los defectos judiciales en el proceso de convocatoria de su defendida, como ser: errores en las fechas del mandamiento de aprehensión, notificación de la citación a declaración a destiempo (27 horas y 45 minutos antes de la audiencia de juicio) y la no notificación a Achacollo con el permiso judicial expedido por el Juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal de La Paz, entre otros.
Uno de los argumentos de la defensa de la exministra es que ella cumple la detención domiciliaria en Montero, Santa Cruz, por un proceso que le siguen en La Paz por el caso del Fondo Indígena. Por esa razón requiere que la notifiquen no solo con las citaciones para declarar sino también con permisos judiciales para que pueda trasladarse de un lugar a otro. 
Para Ayala hubo vulneraciones a los derechos de la exministra y por ello solicitó que también se anule el mandamiento de aprehensión expedido por el Tribunal Tercero de Sentencia de Oruro.