De acuerdo  con los datos de proyecciones demográficas a 2018 del Instituto Nacional de Estadística, la población  estimada  de mujeres en Bolivia es  de 5,6 millones. La inserción laboral, la lucha contra la violencia y la educación son los principales planteamientos que hacen los frentes políticos en carrera electoral.

El Movimiento Al Socialismo  propone otorgar incentivos económicos a las mujeres para posibilitar su incorporación laboral,  mayor inversión para la lucha contra la violencia y declarar como prioridad nacional la lucha contra el feminicidio y la violencia, entre otros.

Comunidad Ciudadana plantea dar 1.000 becas anuales de pre y posgrado en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas a las mujeres, además de intervenir la Fiscalía, la Policía y la Justicia para dar respuesta inmediata a los casos de violencia.

Entre las propuestas más destacadas de Bolivia Dice No están: facilitar el acceso de las mujeres a recursos naturales, propiedad agraria, crédito, tecnología y mercado laboral.

 El Partido Demócrata Cristiano es uno de los que más ofertas tiene para las mujeres. En su programa de gobierno propone Programas de alfabetización digital y empoderamiento de las mujeres rurales, además de promover la “empleabilidad” de las mujeres víctimas de violencia de género, aumentar el acceso de esta población a puestos directivos  y “corregir” la brecha salarial.
 
El Movimiento Nacionalista Revolucionario propone abrir el debate sobre la pena de muerte para los casos de violaciones y el Movimiento Tercer Sistema  plantea que   por ley cualquiera pueda denunciar casos de violencia contra las mujeres.

Por su parte, Unidad Cívica Solidaridad  se limita a rechazar la política de cuotas y mantiene su planteamiento de simplificar el acceso a armas para la defensa personal. 

  Según organización #Protagonistas, mujeres de diferentes sectores sociales    identificaron que las propuestas de los candidatos deberían enfocarse en democratización del poder,  garantías y condiciones para vivir libres de violencia,  ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos,  autonomía económica, y justicia ambiental con justicia de género, entre otros.

Esos  planteamientos surgieron tras jornadas de análisis desarrolladas durante un año, en diferentes regiones del país.