Este mecanismo tiene entre otras la ventaja de que convierte a los expresidentes en personas honorables, que dejarán de tener cálculos políticos a la hora de aportar con su experiencia, y de alguna manera también los blinda de triquiñuelas legales que pudieran ser iniciadas contra ellos para anularlos como potenciales contenedores políticos en unas futuras elecciones. Por lo demás, las segundas gestiones, salvo contadas excepciones, han demostrado ser tarde o temprano desastrosas, en primer lugar para el candidato mismo. Vale recordar a Goni, en Bolivia, o a Alan García en el Perú.

En el caso de Bolivia, durante el período más largo que tuvimos de democracia, vale decir desde el año 1982 hasta el año 2003, la fórmula de no reelegir al presidente en funciones tuvo posiblemente la desventaja de que cinco años son un lapso demasiado pequeño, peor cuatro, pero indudablemente encerraba una cierta sabiduría, porque ese período de tiempo no  permite a los gobernantes acostumbrarse tanto al poder hasta olvidar que éste en democracia debe ser efímero. Vale recordar que la reelección que se instituyó en el Perú con Fujimori, lo llevó a éste a buscar su reelección por tercera vez, receta que Evo ha repetido de una manera pasmosamente idéntica en el 2015, aunque ahora en el 2020, pretende superar a quien pudiera ser su más cercano ejemplo.

La tragedia con Evo es que esta vez los trucos y las ilegalidades han ido demasiado lejos. Insiste en forzar una reelección a la que desde ningún punto de vista tiene derecho y no lo tendría aunque su gobierno hubiera sido, como él machaconamente recalca,  el mejor de la historia de todos los tiempos.

Ese es obviamente uno de los motivos por los que Evo Morales tiene temor de debatir con los otros candidatos a la presidencia, un ejercicio elemental en un sistema democrático que anteponga ideas a símbolos. Por lo demás, este acto ilegal, asociado a otros, algunos inclusive a delitos de lesa humanidad cometidos durante su gobierno, podría quitarle el sueño, al menos si no estuviera endiosado y convencido de que no solo merece todo el poder posible, sino de que jamás será juzgado por sus actos.

Mientras tanto, tenemos ante nosotros una campaña de una desigualdad en cuanto a poder expresar ideas, y tener presencia pública de los candidatos, que es brutal. A un lado, todo el aparato estatal, diseñado desde hace años para exaltar la imagen del actual presidente, y gastando millonadas en eso, y con un jefe de campaña, me refiero al ministro de comunicaciones, también pagado con el dinero de los ciudadanos. Cabe preguntarse en qué medida el inteligente, charmoso y carismático ministro Canelas está cumpliendo con sus funciones de ministro de comunicaciones al atacar tan frontalmente a los otros candidatos. Y aquí volvemos a replantearnos el problema que conlleva una reelección, aunque solo sea “una”.  

Obviamente en estas elecciones se juega ante todo la pregunta de si un ciudadano díscolo e infatuado, alejado de la realidad, puede salirse con la suya pisoteando la constitución que fue promulgada durante su mismo gobierno.