En su inicio se diseñó sobre todo como un sistema de apoyo mutuo, de solidaridad entre trabajadores de distintas generaciones. Básicamente se pensaba que los que se retiraran recibieran una pensión de los activos. Eso podía funcionar mientras los activos fueran mucho más que los pasivos, digamos en una relación de 10 a 1. Si los 10 activos aportaban el 10%, el pasivo podía retirarse con un sueldo promedio.

El problema de ese sistema es que no funciona si los pasivos empiezan a crecer muy rápido, que es precisamente lo que ha sucedido con la prolongación de la esperanza de vida lograda con los avances de la medicina. De hecho, no son pocos los que lograron jubilarse luego de 25 o 30 años de trabajo, y cobraron rentas por más de 30 años. Como ese sistema pasó rápidamente de ser “mutual” a ser “estatal”, su déficit se convirtió en déficit fiscal, y entonces se convirtió también en una carga, no para el Estado sino para el resto de la sociedad, y sobre todo para los que no formaban parte del sistema formal de trabajo y jubilación, porque absorbía recursos públicos que podían y debían tener un mejor destino.

Fue inevitable realizar una reforma profunda, que permitiera ahorros de largo plazo, con relativa seguridad y rendimientos que aumentaran el valor de lo ahorrado, pero además sin imponer sobre los demás los costos de la propia jubilación. La fórmula era sencilla y la denominaron “capitalización individual”. Se ensayó en varios países, tuvo un gran éxito en Chile y terminó orientando la reforma boliviana de 1996.

Por la reducida dimensión del mercado boliviano, se atrajo empresas especializadas en la seguridad de largo plazo ofreciéndoles limitar la competencia a sólo dos y otorgándoles la administración del Fondo de Capitalización Colectiva, formado por las acciones de las empresas capitalizadas que pasaron de ser propiedad del Estado a ser de los ciudadanos a través de ese Fondo, que pagaría una suerte de pensión no contributiva, el Bonosol.

Han pasado 23 años y ese sistema ha sido continuamente blanco de ataques de todo tipo. El actual gobierno fue particularmente duro en sus ataques y logró emitir una ley para reemplazar a las administradoras privadas por una gestora pública. Esto no se ha logrado pero sí ha creado una situación de incertidumbre que afecta a las empresas y sobre todo a los trabajadores, que no saben si vale o no la pena seguir ahorrando o empezar siquiera.

Sin embargo y a pesar de ello, el Fondo de Capitalización Individual ya llega a los 18 mil millones de dólares. Poco más de 5 mil están prestados al gobierno. Los 13 mil restantes están invertidos en la economía, a través del sistema financiero, los fondos de inversiones, y las acciones que obtuvieron la exigente calificación de riesgo de las AFPs.

Un aspecto clave es que la propiedad sobre esos 18 mil millones está plenamente identificada pues cualquier aportante, en cualquier momento, puede conocer la magnitud de su cuenta, y saber cuánto de ella proviene de sus propios ahorros y cuánto de los rendimientos logrados.

Los rendimientos son fundamentales para las jubilaciones. Ellos multiplican el ahorro y pueden permitir una retirada digna. Los rendimientos de los fondos de pensiones, sin embargo, sólo dependen parcialmente de quienes los administran. El ejemplo boliviano es ilustrativo al respecto: han bajado significativamente en la época de mayor bonanza.

Los rendimientos reflejan las condiciones de inversión en la economía. Si ellos bajaron, junto con las tasas de interés, es porque hubo más oferta que demanda de capitales. Las tasas de interés son algo así como el precio del dinero y suben o bajan según la relación entre la oferta y la demanda de dinero. Si el rendimiento ha sido bajo estos años, es porque a pesar del crecimiento del mercado de consumo, no han aumentado las inversiones en la medida en que hubieran podido absorber esos recursos. Es decir, no hubo un ambiente adecuado para las inversiones, lo que quiere decir que el crecimiento económico que se ha registrado estos años no ha sido de buena calidad.

Así pues, el sistema de pensiones no solamente ofrece seguridad a largo plazo sino recursos de inversión a corto plazo, haciendo posible una dinámica de crecimiento que, a su vez, puede aumentar los rendimientos de los fondos de pensiones y mejorar las jubilaciones.

Lamentablemente, este círculo no se ha podido cerrar en estos años. El persistente ataque al sistema de pensiones erosiona la confianza de la gente y la inseguridad jurídica limita las posibilidades de inversión.

Pero el sistema es fuerte como lo prueban los datos.

¿Que proponen los programas electorales?

En el programa del MAS no se dice casi nada sobre el sistema de pensiones por lo que puede deducirse que en caso de seguir en el gobierno persistirán en el empeño de controlar los fondos a través de una gestora pública. Considerando que el Estado ya es deudor de los aportantes, no parece apropiado que se convierta en acreedor de sí mismo.

El programa de Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa parece también interesado en avanzar hacia la gestora pública. En su texto se lee: “Realizaremos un análisis técnico y auditorías de las razones por las que la Gestora aún no toma el control de los recursos de los bolivianos.” La expresión “aún no” sugiere reproche y el aparente deseo de que nuestros ahorros pasen al Estado. Para eludir este compromiso, de inmediato se propone una comisión que estudie qué hacer en el tema.

El programa de Bolivia dijo No, de Oscar Ortiz, es también notablemente escueto y luego de reconocer los bajos rendimientos, propone “introducir cambios en el sistema de pensiones a fin de asegurar los fondos necesarios para el pago de las rentas de jubilación, y encontrar alternativas para elevar la rentabilidad de los fondos de capitalización, todo ello con una administración solvente y altamente profesional del sistema”. Tampoco menciona cuáles serían esos cambios y si esa administración se refiere a las AFPs o a la Autoridad de Pensiones.

Los aportantes al sistema de pensiones y los jubilados hemos llegado a ser unos tres millones de votantes. Deberíamos estar más atentos a este tema. No podemos olvidar que esos 18 mil millones de dólares son nuestros, y que los 150 millones que van a los fondos de pensiones pueden contribuir de manera sustancial al desarrollo de nuestra economía, si es que se crean las condiciones adecuadas a la iniciativa y el emprendimiento.

El riesgo es que terminen financiando inversiones políticas, sin rentabilidad y vulnerables al despilfarro y la corrupción. El voto podría decidir también este tema.