Encuestas recientes demuestran que en Bolivia ya existe un consenso mayoritario para que no siga gobernando el Movimiento Al Socialismo (MAS). La principal motivación de este consenso es que este partido está demostrando reiteradamente que no respeta las reglas democráticas que le permitieron alcanzar el gobierno y pretende seguir disfrutando del poder político indefinidamente.

Catalejo

Demos fin al neopatrimonialismo

Encuestas recientes demuestran que en Bolivia ya existe un consenso mayoritario para que no siga gobernando el Movimiento Al Socialismo (MAS). La principal motivación de este consenso es que este partido está demostrando reiteradamente que no respeta las reglas democráticas que le permitieron alcanzar el gobierno y pretende seguir disfrutando del poder político indefinidamente.

Pero hay una razón adicional por la que el MAS no debe seguir gobernando: no sólo dilapidó en su beneficio un alza inusitada de precios de las materias primas que exportamos sino que ahora, cuando bajaron dichos precios, nos está endeudando ilimitadamente. El problema no es sólo ético: también es económico y social, pues al no ser rentable el gasto público acrecentado que realiza, sobre todo las inversiones, después tendremos que pagar la deuda contraída en nuestro nombre con alta inflación, como ya está ocurriendo en Venezuela.

Venezuela y Bolivia tienen en común que en ambos países ganaron las elecciones líderes que planteaban aprovechar el alza de precios de las materias primas, de las que sus economías dependían ampliamente, para implantar un modelo de “transición al socialismo”. Pero esto sólo ha llevado a una profunda crisis económica.

La explicación de la crisis venezolana –y de la que se cierne sobre Bolivia- es que al concentrar el poder económico en el Estado, lejos de superar el capitalismo ambos países han caído en un neopatrimonialismo, heredado de la Colonia. En efecto, así como antiguamente pertenecían al Rey todos los territorios invadidos y sólo él podía repartir tierras –incluidos sus habitantes cuando éstos eran útiles-, y conceder la explotación de minas a cambio del “quinto real”, hoy recursos jurídicamente de propiedad común son utilizados por minorías para fines privados: disfrutar ilimitadamente del poder y/o enriquecerse a costa del resto de la sociedad.

En Venezuela se aprovechó la mayor cantidad de dólares disponibles para sobrevaluar la moneda nacional y así abaratar las importaciones e ir eliminando empresas nacionales. Y también para endeudar al país proporcionalmente a dicha abundancia. Ahora no hay dólares para importar alimentos y medicamentos pero sí para pagar la deuda externa, sobre todo al país que originó el alza de precios: China. El resultado es una hiperinflación. Y para mantenerse a pesar de ello, el gobierno venezolano viola abiertamente los principios democráticos.

En Bolivia también tenemos experiencia sobre lo que puede ocurrir cuando un régimen que viola los principios democráticos, y con tendencias neopatrimonialistas, asume un papel preponderante en actividades productivas y endeuda al país con esta justificación: la hiperinflación que generó la dictadura de Banzer.

Lo esencial para que esto no vuelva a ocurrir es cambiar a tiempo de modelo económico. Tiene que lograrse un consenso nacional para eliminar definitivamente el problema de fondo: que nunca más se pueda usar recursos que son de todos para fines privados.

 El compromiso debe referirse no solamente a generar y respetar los mecanismos que garanticen la no reelección, la independencia de poderes, y el respeto a las competencias y la autonomía de los gobiernos subnacionales, sino también a establecer definitivamente sistemas que garanticen rentabilidad social en los procesos de asignación de recursos, procedimientos meritocráticos de provisión de cargos públicos y el financiamiento público de las campañas electorales.

 Y no sólo eso. Para librarnos definitivamente del neopatrimonialismo debemos tender a reducir a mínimos la incursión directa del Estado en actividades productivas. Que éste se especialice en proveer con alta eficiencia aquello que sólo puede ser provisto por él: normas y políticas públicas, medios de cumplimiento de ellas y servicios de infraestructura de uso público.

 Sólo un Estado así podrá dirigir la economía para sacarnos del extractivismo y el elevadísimo daño ambiental que éste implica, e insertarnos en el mercado mundial a través de exportaciones con alto valor agregado que generen empleo de calidad para todos. Y podría hacerlo sin endeudarnos, aprovechando el aún abundante ahorro privado. Ello es técnicamente posible pero la condición primordial para lograrlo es, se reitera, liberarnos definitivamente del neo-patrimonialismo.

Iván Finot es MSc. en economía, especialista en desarrollo.