Pero, ¿qué indica ese artículo? En pocas palabras: descuartiza la estructura institucional y funcionalidad orgánica de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), diseminando vicepresidencias e instancias gerenciales en buena parte del territorio nacional. 

  La ley dispuso que “el Directorio y la Presidencia Ejecutiva tendrían como sede la ciudad de La Paz”, así como la gerencia de comercialización. La vicepresidencia de administración, contratos y fiscalización junto a la gerencia nacional de fiscalización, y centro nacional de fiscalización funcionaria en la provincia Gran Chaco del departamento de Tarija; mientras que la vicepresidencia nacional de operaciones radicaría en Santa Cruz, estableciendo en Camiri la gerencia nacional de exploración y explotación. Cochabamba sería la sede de  la vicepresidencia de operaciones descentralizadas y Sucre de gerencia de industrialización y  la  de ductos, y redes de gas e infraestructura de transporte.  

Bajo la consigna de “hasta las últimas consecuencias”, la pulseta se inició con las demandas de los diputados uninominales del Chaco tarijeño y de la provincia cruceña de Cordillera, bajo la presión de comités cívicos movilizados y dispuestos a declararlos personas no gratas de no lograr su cometido. El bloqueo de carreteras fue parte del protocolo ineludible. 

14 años después, tras la presentación de  listas de candidatos a la Asamblea Legislativa Plurinacional, el caso del “descuartizamiento” de YPFB ejemplifica la distorsión  del cumplimiento del mandato e investidura de alcance nacional de los legisladores, ya que en esa circunstancia, como en otras, posteriores  primaron intereses regionales y locales por encima de decisiones que debieron priorizar una visión estratégica de carácter nacional. 

   Es necesario  que los aspirantes a ocupar un curul a partir de enero del 2020 tomen consciencia de la   importancia y proyección nacional de su mandato en el Órgano Legislativo.  Reiterar  que los intereses territoriales están debida y equitativamente representados en el Senado nacional y que está en plena vigencia un Estado Plurinacional con autonomías, lamentablemente  tutelado por un régimen autocrático y recentralizador de los recursos. Fortalecer las autonomías y el pacto fiscal traicionado hace parte de la agenda  de una próxima gestión gubernamental. 

Recordar que los diputados uninominales no son  gestores de leyes simbólicas para sus provincias y municipios, confundiendo sus competencias con la de concejales y asambleístas departamentales.  Sería deseable que diputados y senadores  actúen  con criterio propio, anteponiendo la discusión de asuntos de interés nacional a las presiones sectoriales y/o particulares de las organizaciones sociales sindicales, cívicas y empresariales que promovieron sus candidaturas bajo una lógica de cuoteo corporativo, exacerbada por el MAS los últimos tiempos.     

Urge eliminar la elección de representantes supranacionales ante parlamentos cuyas definiciones no son vinculantes, así como fortalecer la capacidad agregadora de los siete diputados de circunscripciones indígenas, desde cuyos espacios debe hacerse escuchar la voz de todos los pueblos minoritarios que representan. 

Me atrevo a plantear que los diputados de elección directa debieran ser electos en  circunscripciones que abarquen al menos tres departamentos y que todo binomio presidencial con importante representación legislativa debiera obligatoriamente ser parte de ella, liderando sus  bancadas. Son propuestas a discutir, tal vez imposibles de viabilizar, pero claves para   recuperar la centralidad de un órgano ahora subordinado, deslucido al ser  escenario de una polarización discursiva que enterró el verdadero debate plural que impulsa toda democracia y que Evo persiste en eludir.

Erika Brockmann Quiroga es politóloga y fue parlamentaria.