Vanos son los esfuerzos de la voraz élite cleptocrática azul de soslayar este condicionamiento y su potencia movilizadora que ahora, después de las insólitas primaras, y la habilitación inconstitucional, se manifestará en las urnas. En esencia, no se trata, por tanto, de unas elecciones donde, detrás del voto, estuvieran compitiendo candidatos, programas, planes y programas de gobierno. Los antecedentes del 21F colocan a esos factores esenciales en un tercer plano. 

Así entonces, la ilegal candidatura es un desafío a los resultados del 21F y la democracia.  Para la tendencia autocrática, en cambio, eso sería, parafraseando a Hannah Arendt, una “insignificante ilegalidad”, constituyéndose más bien en una elevada legitimidad.  

La impugnación expresada el 21F está siempre reverdeciente. Jamás podrán desembarazarse del trauma que provocó en el electorado la arbitraria decisión de no respetar su voto. Los 2.682.717 electores que rechazaron la repostulación están horrendamente enfadados, pues no solamente escamotearon su voto, cínicamente se burlaron de ellos. Esto ha provocado un profundo resentimiento con el régimen y sus delirios de “poder eterno”.    

La propaganda oficial que intenta colocar el 21F como un tema superado (enterrado, dicen ellos) es absolutamente inocua. Con recursos públicos y desde sus 20 ministerios, las propagandas que difunden no sólo atentan vergonzosamente contra el sentido común, sino que, más bien, aumentan el rechazo y resentimiento. La ilegalidad totalitaria de habilitar al caudillo pretende hacer creer que Evo tendría el designio de establecer la justicia en nuestro país, sobre todo para esas masas desarraigadas que sólo con Evo pueden sentirse protegidos, ante el peligro de la “vuelta de los k’aras y el neoliberalismo”.

Precisamente, por esa “ilegalidad totalitaria”, que se constituye en el antecedente negativo más conspicuo del régimen, en estas elecciones no se están enfrentando y compitiendo las nueve fuerzas políticas habilitadas; está en juego la permanencia del gobierno con el rechazo que creció inexorablemente después del 21F. Ese “fantasma” es el enemigo y/o adversario más peligroso al que debe enfrentar el régimen.

Las últimas encuestas sobre intenciones del voto, subrepticiamente, ilustran esta hipótesis. El candidato ilegal tendría el 37% de la preferencia, que radica fundamentalmente en el electorado rural. Está claro que el saldo, o sea, ese 63%, no votaría por Evo Morales. 

La papeleta de votación, en el lado opositor, tiene ocho candidatos, ninguno de ellos con el perfil adecuado, más bien lejos de las expectativas mínimas y con muchos cuestionamientos. Sin embargo, esa papeleta es un desafío al discernimiento del electorado citadino, que representa el 70% del padrón electoral. El voto disperso, en estas elecciones con tendencias plebiscitarias, obviamente es un voto inútil. El discernimiento inducirá al ciudadano a votar por el candidato que garantice el retorno a los principios esenciales de la democracia y con potenciales probabilidades de enfrentar la deriva autoritaria.  

Esto, que es tan esencial, todavía no está al alcance de la limitada comprensión de las ocho fuerzas opositoras. Esta limitación los impulsa a actuar como verdaderos imbéciles. Estúpidamente, compiten entre ellos. En estas elecciones no están en juego los miserables escaños que pretenden alcanzar: está en juego la democracia, la independencia de poderes y el respeto a la Constitución. 

A estos tres objetivos capitales, si tendrían tres dedos de frente, tendrían que subordinarse y dejar que las ondas sísmicas del 21F se propaguen el 20-10, allanando el camino del candidato, independientemente de sus cualidades, mejor posesionado.

 
Rolando Tellería A. es profesor de la carrera de Ciencia Política  de la Universidad Mayor de San Simón.