En este último tiempo, en Bolivia, la legitimidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha entrado en crisis por los desaciertos en su labor institucional. En consecuencia, gran parte de la ciudadanía se encuentra con mucha susceptibilidad ante las próximas elecciones de octubre. Es así que la incertidumbre es una protagonista más en la arena electoral.
La función principal de un Órgano Electoral es garantizar las elecciones libres y transparentes. La existencia y sustento de los Derechos Políticos, en particular el del sufragio, debe ser avalado por esta entidad manteniendo la integridad de la voluntad del electorado expresada a través del voto.
Esta crisis nos lleva a referirnos al Referéndum de 2016, en el cual un 51,3 % se pronunció negando la reforma del Art. 168. En 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) habilita la repostulación bajo la Sentencia Constitucional 0084 basada en el Art. 23 de la CIDH poniéndola por encima de los Art. 168, 285 y 288 de la Constitución política del Estado (CPE), que limitan la reelección continua de los gobernantes. En diciembre de 2018, el TSE aprueba la repostulación del binomio del MAS sin tomar en cuenta los resultados 21F llevado a cabo por la misma entidad.
En 2019 se realizan las primarias por primera vez en Bolivia con mucha disconformidad y críticas. De 2016 a la fecha, las inquietudes de la ciudadanía han estado reflejadas en las calles, con protestas como la de junio de 2019, exigiendo la renuncia de los vocales. Actores políticos y sociales se pronuncian con diferentes posturas en sus discursos y manifestaciones.

Ahora bien, ¿cuál es el peligro de todo esto? La respuesta se remite a que esta institución está incumpliendo con su labor fundamental, la de garantizar las elecciones en las que la ciudadanía confíe. Después de invalidar los resultados del 21F y aceptar la respuesta del TCP, existe la susceptibilidad de la forma en la que vaya actuar. El voto es el componente fundamental que materializa el principio del sufragio universal, elemento principal de la democracia y debe estar respaldado por este Órgano, de lo que ahora no hay total certeza.
Los parámetros que debe cumplir mínimamente un organismo electoral son el respeto y la credibilidad institucional, mostrando la capacidad de llevar a cabo elecciones libres y transparentes. La importancia de la legitimidad va ligada a la estabilidad del sistema democrático. Estas contrariedades, como las del 21F, desestabilizan este orden. La respuesta de los diferentes actores está clara con su participación: no hay duda que se necesita tener un control de este funcionamiento por parte de la ciudadanía.
La comunidad internacional tendrá un rol imprescindible en estas elecciones, como observadores de este proceso; lo que además es necesario, pues la agenda estatal y el poder legal boliviano no pueden estar concentrados en unas cuantas cabezas que carecen de legitimidad, y las decisiones de estas no pueden sobreponerse a la norma y la petición del pueblo.
Un gran reto para el TSE es la recuperación de la legitimación de esta institución y consolidar los valores congruentes con la vida democrática. El gran desafío para la los bolivianos es exigir el adecuado funcionamiento de este órgano, demandar la independencia de los poderes para que estos sean en beneficio de la población y en defensa del sistema democrático y no mostrar servilismo a ningún partido político, solo así podremos garantizar la vida de la democracia.