| Ingeniero Civil - Mgr. Gestión y Políticas Públicas [email protected] |  02 agos 2019 | Ed. Imp.

Nuestro país está enfrentando un proceso especial, disputa del poder entre siete partidos políticos, MAS con musculatura, pero sin cerebro, que impone porque en más de una década logró sumar a su favor a toda la justicia, y disponer ahora de facilidades, entre ellas, el dinero. En cambio, los otros seis están con grandes debilidades. Según sondeo de opinión de estos, solo dos están en la posibilidad de competir, aunque no con gran fuerza, pero con mayor musculatura y cerebro, claro quedaron débiles en estos 13 años.

Para participar en un proceso electoral se espera que se respete las reglas que define la Constitución Política del Estado (CPE), más por el poder que logra ese partido y sus fines. No le gusta su CPE aprobada por sus huestes y organiza otro instrumento nuevo, la Ley de Organizaciones Políticas, que le permite ser nuevamente actor en las elecciones, pese a haber fracasado en un referéndum que él mismo organizó y que, además, comprometió respetar. Su sombra, 21F.

Esa Ley, entre las facilidades para sus fines, establece que los candidatos deben ser miembros del partido político, cuando la CPE establece que todo ciudadano tiene derecho a ser electo y elegido, sin embargo, esta norma desconoce ese artículo. Por esto es inconstitucional, además, genera la figura de candidatura definida en elecciones primarias.

En el análisis, como hace la ingeniería, se determinó con el apoyó legal la posibilidad de ser “candidato independiente”, como aquella que prescinde de la intermediación de una organización política, y la opción es legítima y necesaria para ejercer el derecho de los ciudadanos para conducir asuntos públicos, como para ejercer el derecho. Para elegirlos en elecciones auténticas, deben coexistir las organizaciones políticas y las candidaturas independientes, fortaleciendo y enriqueciendo el sistema democrático.

Por esta razón, se decidió presentar la candidatura independiente, y si fuera rechazado por el Tribunal Supremo Electoral, se recurrirá mediante un amparo al Tribunal Constitucional, y finalmente a una instancia internacional como es la CIDH (Comisión Internacional de Derechos Humanos), como un “derecho humano”.

Esta situación demuestra la necesidad de una “reingeniería en la política”, para lograr así una verdadera democracia, tarea que corresponde a los legisladores y a todo el sistema político de nuestro país.