Después de casi 20 días de estar prófugo, el alcalde de San Pedro, Pando, Fabio Durán (MAS) fue aprehendido ayer por efectivos de la Policía en Riberalta, Beni, por haber incurrido en presuntos delitos electorales, informó a Los Tiempos el comandante interino del Comando Amazónico con base en mencionada ciudad beniana, Luis Casso.

En tanto, la Fiscalía de Pando solicitó que el caso de acarreo de votantes se traslade a esa jurisdicción.

Casso acotó que el Alcalde se encuentra con custodios en la clínica ProSalud y será presentado ante autoridades jurisdiccionales para la audiencia de medidas cautelares.

“Hemos procedido a la aprehensión del alcalde del municipio de San Pedro. Esta mañana (ayer) al promediar las 7:00 tuvimos conocimiento de que esta persona se encontraba internada en el centro ProSalud por lo que se procedió a dar cumplimiento a esta diligencia”, explicó.

Añadió que se ha puesto a conocimiento de la Fiscalía dicha actuación y se fijará la audiencia de medidas cautelares las próximas horas.

Durán fue denunciado el pasado 14 de julio por llevar adelante el empadronamiento irregular de pobladores del municipio de Riberalta para que sufraguen en Pando, registro que se desarrollaba en el domicilio que tiene en esa región beniana.

Al respecto, el abogado Carlos Arturo Rivera, defensor del munícipe, refirió que la autoridad se defenderá de los delitos por los que se le acusan y lamentó que no se tome en cuenta su estado de salud.

“El señor Fabio Durán se encuentra delicado de salud, porque sufre hipertensiones arteriales y otros, ya que tiene un cambio bipolar de un momento a otro por los nervios que sufre de estar en un proceso penal”, expresó.

El Alcalde estaba prófugo durante varios días y en su municipio pidió una licencia de 10 días, por lo que se nombró una autoridad interina.

El caso de traslado de votantes a San Pedro es el tercero que se registra en dos meses. El 15 de junio afines al alcalde Ariel Limpias, del municipio Gonzalo Moreno, también de Pando, fueron encontrados empadronando a personas en Riberalta.

El 25 de junio se registró otro caso similar en el municipio de San Miguel de Velasco. En tanto, el 14 de julio ocurrió el hecho por el que fue aprehendido el alcalde Durán.

Por este último caso hay otras tres personas con detención preventiva, un funcionario del Sereci, que era el registrador; una funcionaria de la Alcaldía de San Pedro, y un civil. Además, se presume que hay más personas implicadas por lo que las investigaciones continuarán y se espera más citaciones para las próximas horas.

300 bolivianos por registro. Según la denuncia, el Alcalde de San Pedro pagaba a cada registrado en Riberalta 300 bolivianos.

DELITO ELECTORAL DE 2 A 5 AÑOS DE CÁRCEL

La Ley 026 de Régimen Electoral tipifica como delito el traslado fraudulento de personas.

“La autoridad política o administrativa, dirigente de organizaciones políticas o cualquier persona que promueva, incite o ejecute el traslado masivo de personas con la finalidad de su inscripción y/o sufragio en lugar distinto al de su domicilio, será sancionada con pena privativa de libertad de dos (2) a cinco (5) años”.

Los casos de Pando se relacionan con este delito.

Según datos, los registros realizados por los dos funcionarios de Sereci Pando no fueron transmitidos a la central.

SERECI DE PANDO SE QUERELLA CONTRA LOS INVOLUCRADOS

Entre junio y julio pasado, se presentó dos hechos irregulares en el empadronamiento de ciudadanos de Riberalta para que sufraguen en dos municipios pandinos: Gonzalo Moreno y San Pedro. En estos casos se involucró a dos funcionarios del Servicio de Registro Cívico  (Sereci) de  Pando.

Sobre el tema, el director del Sereci Pando,  Kalil Arab, informó a Los Tiempos que esa instancia se querelló contra los involucrados, pero que los dos casos deberían ventilarse en Pando.

“En el primer proceso ya se está en plena investigación, ya hemos solicitado que este se corra acá en  Cobija. Hemos hecho la solicitud de que corra en Pando”, indicó.

Acotó que no emitiría juicio alguno sobre los delitos en que incurrieron los funcionarios, toda vez que son parte del proceso penal.