La Ley Electoral no avanza en la Asamblea Legislativa Departamental, y lo más grave, no parece que nunca vaya a avanzar. El reloj está en marcha, si en noviembre no hay Ley Orgánica desarrollada tal cual Estatuto, la convocatoria a las elecciones departamentales de 2020 será determinada en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que se verá obligada a interpretar los vacíos que hasta ahora no se han podido llenar en cuatro años de debate.

Ya en la convocatoria de 2014 el Estatuto se guardó en un cajón desde agosto, cuando llegó la resolución definitiva del Tribunal Constitucional Plurinacional, para que su letra no influyera en la convocatoria de las elecciones de 2015. Entonces, sin Estatuto vigente, la Asamblea Plurinacional se limitó a copiar la convocatoria de 2010 en la que se elegían ejecutivos seccionales en cada municipio y se aplicaba un reparto de curules basado en el interés político y no en ningún censo objetivo. El TCP ya había dicho que no se podían elegir esos ejecutivos por voto directo al no tener cualidad gubernativa sino depender del Gobernador, pero el silencio táctico permitió que estas estructuras superpuestas a los gobiernos municipales, sin tener muy claras sus competencias, se prolongaran por cinco años más.

El Estatuto Autonómico, que tanto costó sacar adelante, fue promulgado en un acto deslucido por el interino en funciones Lino Condori y el presidente de la Asamblea Fortunato Llanos una soleada mañana de jueves, el 26 de marzo de 2015

El Estatuto Autonómico, que tanto costó sacar adelante, fue promulgado en un acto deslucido por el interino en funciones Lino Condori y el presidente de la Asamblea Fortunato Llanos una soleada mañana de jueves, el 26 de marzo de 2015, a tres días de las elecciones departamentales, en un acto que fue sin duda gris y gravoso para todos los que impulsaron el autogobierno. Desde entonces no ha dejado de ser maltratado, sobre todo, desde la Asamblea Legislativa Departamental.

La autonomía se intentó practicar desde 2010 con Estatuto en revisión, y costó un descabezamiento institucional sin precedentes. Desde 2015 se intenta aplicar con texto vigente, y el intervencionismo y la precariedad siguen siendo las características más destacables. En estos años el documento se ha puesto a prueba y se han evidenciado errores y fallas, que en muchos casos fueron introducidas en caliente para salvar conflictos políticos coyunturales del momento, aunque aquellos que lo gestionaron entonces se hacen los desentendidos ahora.

El MAS, que nunca fue sospechoso de ser ultrautonomista, quiere ahora contradecir al TCP y elegir subgobernadores por voto popular, el problema es que no sabe cómo hacerlo ni tiene a alguien dispuesto a sacrificarse por la causa. El presidente de la Asamblea, Guillermo Vega (MAS), ya ha dejado clara la profundidad del razonamiento: son mayoría en la Asamblea y controlan la mayoría de las subgobernaciones y cualquier cambio les perjudicaría. Sin duda, una razón de peso, pero que no tiene nada que ver con el desarrollo de Tarija ni los objetivos de la autogestión.

Detrás de la Ley Electoral subyace una concepción de modelo de departamento, un concepto de territorio y de unidad. Se trata, efectivamente, de que todos los tarijeños se sientan representados y que se respeten las minorías; se trata de hacer esfuerzos por la integración departamental, por entender que Tarija es más que una suma de municipios y por entender  que solo el impulso conjunto y solidario permitirá el desarrollo anhelado, y no el reparto de presupuestos entre unidades territoriales cada vez menores, que simplemente sirven para aumentar la vulnerabilidad. La Ley Electoral no es un juego, sino una oportunidad de volver a empezar. Falta por ver si los asambleístas están esta vez a la altura, o siguen privilegiando sus intereses.