El legislador contó que tuvo acceso a ese documento y que la cifra es incorrecta, por lo que acusó al Ejecutivo de haber mentido al país en complicidad con esa empresa. Demandó una auditoría y que el documento se haga público.

La transnacional canadiense, a través de un comunicado, replicó con un recuento de su trayectoria que alcanza a “más de 65 años de experiencia en certificaciones de reservas, caracterización de yacimientos, asesoría estratégica y gestión de activos energéticos” en más de 50 países.

“Confirmamos la validez de la certificación de reservas efectuada al 31 de diciembre de 2017, que estima que Bolivia tenía, a esa fecha, 10.7 Tcf de reservas probadas totales, 12.5 Tcf de reservas probadas más probables (mejor estimado) y 14.7 Tcf de reservas probadas más probables más posibles de gas” (Sic), reseña el comunicado.

De acuerdo al opositor, el informe de Sproule “habla solo de 5,6 TCF (Trillones de Pies Cúbicos (TCF, por sus siglas en ingles) de reservas probadas en producción, a lo que agrega 3,4 TCF de reservas probadas no desarrolladas, sumando 9 TCF, y en ninguna parte del informe hay una justificación de dónde sacan 1,7 TCF de reservas adicionales para llegar a los 10,7”.

En contrapartida, Sproule replica que “en el caso de Bolivia, se usaron las pautas establecidas por la Sociedad de Ingenieros Petroleros y el PRMS”.

Así, la certificadora concluye: “Finalmente, consideramos que la acción del senador Ortiz está causando un daño irreparable a la reputación y el prestigio de nuestra empresa, por lo tanto, nos reservamos el derecho a emprender cualquier acción legal correspondiente”.

Este medio intentó comunicarse con el senador Ortiz para conocer su postura sobre este último anuncio, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no lo consiguió. (01/08/2019)