Avanza el calendario y se detiene el tratamiento de la Ley Electoral en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD). Quedan menos de cuatro meses para que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) lance la convocatoria, que debería acomodarse a lo que disponga la Ley Orgánica, que a su vez debe ajustarse al Estatuto Autonómico, sin embargo, los intereses partidarios y el rechazo a algunas reclamaciones sectoriales amenazan con abrir un vacío jurídico de difícil remediación.

En agosto de 2014 el Tribunal Constitucional emitió la resolución con las últimas recomendaciones para que la Asamblea Legislativa Departamental corrigiera el texto de su Estatuto y lo pusiera en vigencia. Entre ellas estaba la eliminación de la figura de los subgobernadores electos, al no tener cualidad gubernativa ni acomodo en la Constitución vigente. Las bancadas guardaron en un cajón la carta y el texto estatutario y no lo sacaron hasta que la convocatoria a las elecciones subnacionales del 29 de marzo de 2015 fue publicada. En esa convocatoria se incluyó la elección de los ejecutivos seccionales, a la sazón subgobernadores. Después se arregló el Estatuto y se puso en vigencia en un acto deslucido la mañana del jueves 26 de marzo de 2015 con el gobernador interino Lino Condori y el presidente de la Asamblea Fortunato Llanos como maestros de ceremonias.

Los electos ejecutivos pasaron en pocas semanas a ser subgobernadores designados por el Gobernador Adrián Oliva para cumplir el Estatuto, con un acta de delegación amplia, para el caso similar a lo sucedido anteriormente con Lino Condori y Mario Cossío. Para el caso, han seguido administrando más del 50 por ciento del presupuesto y contando con gabinetes y gastos similares a los de los alcaldes en cada municipio.

La cuestión, como advirtió entre dientes el presidente de la Asamblea Guillermo Vega, es que el MAS tiene la mayoría de los subgobernadores, y eso le ha permitido desplegar y sostener el aparato en el territorio, y la eliminación de la condición de electos pondría en riesgo este aspecto. Las subgobernaciones no desaparecerían, pues están contempladas en la Ley del Órgano Ejecutivo, pero el método para elegir al representante sería la designación y sus funciones deberían adecuarse a los planes de gestión de la Gobernación y a las leyes de la Asamblea Legislativa Departamental, pues en eso se concreta lo indicado por el Tribunal Constitucional de no tener condición gubernativa.

En el pasado se propusieron fórmulas como la convocatoria de una consulta vinculante en cada municipio que condicionara al Gobernador en su designación; también la conformación de un solo ejecutivo en cada provincia e incluso la conformación de tres mancomunidades: Valle – Chaco – Zona Alta, que realmente sirvieran para optimizar recursos y diseñar proyectos supramunicipales. Nada de esto está hoy en el debate, donde todo parece apuntar a una extraña dilatación, como advierte el asambleísta Mauricio Lea Plaza, sin objetivo claro.

El MAS, con mayoría abrumadora en la Asamblea, tiene dos salidas: desafiar al Tribunal Constitucional a riesgo de cometer un delito tipificado como “resoluciones contrarias a la Constitución y las Leyes” o dejar la solución en manos de la ALP, que efectivamente no asumiría el riesgo y eliminaría la figura. Los asambleístas tarijeños, muchos con ambiciones de prorrogarse u optar a otros cargos en sus regiones, podrían alegar que no fueron ellos quienes eliminaron, sino sus hermanos mayores en La Paz. El resultado, en cualquier caso, sería similar y contribuiría a dar más peso a la Asamblea en el diseño del proyecto departamental y en su propia ejecución, frente a los 8 proyectos municipales actuales, el departamental, el autónomo regional con otros tres municipios, etc.

Calendario

Las elecciones subnacionales deben convocarse en noviembre para realizarse en el mes de marzo

Las otras polémicas

Tampoco hay acuerdo en la distribución de curules de asambleístas. Ni los de Territorio ni los de Población. De hecho, solo hay acurdo en que se sostendrán los tres curules de los pueblos indígenas.

En la actualidad, los repartos no atienden a criterios de ecuanimidad, y la Ley exige actualizarse a los resultados del censo de 2012, algo que, como advirtió Vega, no conviene a las provincias y sí a Cercado, aunque sea con el argumento inverosímil de “ustedes ya tienen los secretarios”.

El Estatuto prevé dos asambleístas por cada provincia y otros 15 a distribuirse por población. La Ley de Régimen Electoral exige que los asambleístas territoriales se asignen por circunscripciones similares por tamaño de población, e igualmente los poblacionales, que podrían ir incluso en la lista del Gobernador, al estilo de los diputados plurinominales.

El otro asunto polémico es la inclusión de la paridad en la dupla ejecutiva de Gobernador y Vicegobernador. El MAS se niega señalando que la Ley Nacional no lo exige, aunque tampoco lo prohíbe. Por el momento, no hay acuerdo.

La bancada de Cercado exige más curules

La Asamblea decidió decretar un cuarto intermedio en el tratamiento de la Ley Electoral ante la falta de acuerdo, algo que no ha variado desde hace cuatro años.

La bancada de Cercado se reunió con otros agentes sociales como la Fedjuve y determinaron sacar un pronunciamiento exigiendo la adecuación del reparto de curules a los datos del censo de 2012, lo que supondría un crecimiento de los representantes de la provincia, ya que concentra casi la mitad de la población de Tarija y sin embargo, solo tiene siete de los 30 curules. Dos son los que corresponden por territorio y cinco (de los 15) por población.

Actualmente, los curules de Cercado representan a 41.000 personas y los del Chaco (4) a 37.000, mientras que los de Arce (3) a 17.000 y los de Avilés y O´Connor a poco más de 20.000.