De tanto en tanto, suelo evocar la discusión de la ley de Hidrocarburos, 3058, del 17 de mayo de 2005. Todos reconocemos los efectos beneficiosos de la ley promulgada por Hormando Vaca Diez, aunque el régimen del Movimiento Al Socialismo intente minimizarlos invocando una nacionalización “chuta” que poco aporta a los ingresos del sector. Sin embargo, esa ley contiene un artículo cuyo sesgo regionalista mereció mi rechazo por la impertinencia de su inclusión en una norma estratégica para el país. Pero ¿que indica ese artículo? En pocas palabras, descuartiza la estructura institucional y funcionalidad orgánica de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), diseminando vicepresidencias e instancias gerenciales en buena parte del territorio nacional.

Bajo la consigna de “hasta las últimas consecuencias”, la pulseta se inició con la demanda del diputado uninominal de la provincia cruceña de Cordillera bajo la presión del comité cívico de Camiri seguido por el del gran Chaco tarijeño cuyas poblaciones movilizadas amenazaron con declararlos personas no gratas de no atrincherarse y asegurar la Gerencia Nacional de Fiscalización y Centro Nacional de Fiscalización para el Gran Chaco tarijeño mientras que Camiri pedía la Gerencia Nacional de Exploración.

Catorce años después, tras la presentación de listas de candidatos a la Asamblea Legislativa Plurinacional, el “descuartizamiento” de YPFB ejemplifica la distorsión del cumplimiento del mandato e investidura de carácter nacional de los legisladores, ahora asambleístas, ya que, en esa y otras circunstancias, primaron intereses regionales y locales por encima de decisiones que debieron priorizar una visión estratégica integradora del interés nacional.

Es necesario que los aspirantes a ocupar un curul a partir de enero del 2020 tomen conciencia de la importancia y proyección nacional de su mandato legislativo y fiscalizador. Reiterar que los intereses territoriales están debida y equitativamente representados en el Senado Nacional y que está en plena vigencia un Estado Plurinacional con Autonomías, lamentablemente tutelado por un régimen autocrático y recentralizador de los recursos. Fortalecer las autonomías y retomar el pacto fiscal traicionado hace parte de la agenda de una próxima gestión gubernamental.

Por otra parte, urge eliminar la elección de representantes supranacionales ante parlamentos cuyas definiciones no son vinculantes. Me atrevo a plantear que los 60 diputados de elección directa unipersonal debieran representar a macro regiones en circunscripciones que abarquen al menos tres departamentos y que todo binomio presidencial con representación legislativa debiera formar parte del legislativo liderando sus bancadas.

Son propuestas de reforma a discutir, algunas implican cambios constitucionales, pero claves para recuperar la centralidad de un Órgano ahora subordinado, escenario de una polarización discursiva que olvidó la esencia del debate plural que impulsa toda democracia y que Evo persiste en eludir.