Cada año, el Banco Mundial, en acuerdo con el grupo internacional de consultoría Price Waterhouse, estudia el clima impositivo en los países. La situación de Bolivia se encuentra entre las peores del mundo. De hecho, según un índice combinado de variables, en el Informe de 2019 Bolivia ocupa el puesto 186 de los 189 países estudiados. Superamos apenas a Venezuela, Chad y la República Centroafricana. Este estudio da la razón a quienes afirman que vivimos un “infierno fiscal”.

Veamos los datos. El más llamativo es el que registra la proporción representada por los impuestos con respecto a las utilidades que generan las empresas. Mientras ese porcentaje es del 40,4% como promedio en todo el mundo, en Bolivia alcanza al 83,7%. Es decir que de cada 100 bolivianos que una empresa genera de utilidades, solamente logra retener para cubrir los riesgos de inversión y las funciones empresariales unos 16 bs. En este dato se calculan como utilidades la diferencia bruta entre los ingresos por ventas de bienes y servicios y los costos que ha requerido el pago a los trabajadores, la compra de insumos y servicios, los gastos en agua, energía y tratamiento de basuras, y promoción y publicidad. Y se consideran como parte de los impuestos todos los pagos obligados por la legislación, sea a los gobiernos locales o nacional, o a las entidades de protección social. Es decir, IVA, IT, Impuestos a los inmuebles y vehículos, pagos a las AFP y al seguro de salud y, por supuesto, el Impuesto a las Utilidades de las Empresas. En 2007 la carga tributaria total era apenas más pequeña en tres puntos porcentuales.

Los pagos obligatorios laborales se consideran como “impuestos” en esta metodología porque si bien pueden ser tratados como costos de mano de obra, son obligaciones estatales y los trabajadores los perciben en el largo plazo y casi siempre de acuerdo a determinaciones ajenas a su voluntad.

Otro dato llamativo es que la carga administrativa implica realizar 42 pagos al año, con el correspondiente llenado de formularios, presentación de documentos e información de respaldo. El promedio en el mundo es de 24 pagos al año. Se estima que esta tramitación requiere 1.025 horas al año, cuando en el promedio mundial solamente requiere 237. Es decir, una empresa de tamaño mediano (que es la referencia del estudio) debe contar prácticamente con una persona a medio tiempo exclusivamente dedicada al pago de las obligaciones impuestas por el Gobierno. Esto ha mejorado un poquito, pues en 2007 el tiempo requerido era de 1.080 horas al año. 

Para tener una idea de lo que es posible, en Hong Kong los impuestos se llevaron menos del 23% de las utilidades totales, se hacen tres pagos al año y eso toma 35 horas anuales de trabajo. Hay, pues, mucho camino por recorrer.

Veamos si los partidos recogen esta problemática en sus propuestas electorales y si nos permiten avanzar en esa dirección.

En el programa del MAS no hay la palabra impuestos o impositivo y se limita a “plantear esquemas tributarios adecuados y progresivos para impulsar la generación de empleo de calidad” y “gobierno electrónico para tributación y obligaciones laborales”. Con un discurso más extenso, Comunidad Ciudadana enfatiza también la reducción y modernización de trámites para facilitar el pago de impuestos. Ofrece ventajas tributarias relacionadas a territorios inteligentes, economía verde, turismo y gastronomía, y nuevos impuestos (a las bolsas de plástico, por ejemplo).

La Alianza Bolivia Dice No, la UCS y el MNR se distancian de ambos planteando reducción y simplificación de impuestos como un tema medular. Sin embargo, también proyectan una voluntad fiscal indicativa que utilizaría gravámenes o ventajas para inducir comportamientos, por ejemplo en relación al uso de plaguicidas (BdN), el consumo de alcohol y tabaco (MNR), la coparticipación y asignación de responsabilidades a los niveles descentralizados. Es decir, ellos muestran estar conscientes del enorme problema que representa para los actores económicos un sistema tributario pesado y complicado, pero no logran superar la tradición que ha creado ese sistema. En efecto, el viejo hábito del intervencionismo estatal, en el que recaen, utiliza la política tributaria para inducir comportamientos económicos, desalentando unos y buscando alentar otros, con lo que al final se crea un sistema de privilegios y castigos que complican a consumidores y productores, generando desaliento e informalidad.

En todo caso, es claro que, en este tema, hay diferencias y los votantes deberían también tomarlas en cuenta si es que comparten el sufrimiento de quienes transitan por nuestro “infierno fiscal”.