El contexto de crisis política que vivimos, desde hace algún tiempo, es consecuencia –fundamentalmente– de la corrupción de la “clase política” nacional y sus aliados en sectores clave del Estado, la prensa y el mundo empresarial.
Agudiza esta crisis la protección que brindan autoridades y exintegrantes estratégicos de nuestras instituciones democráticas (Ministerio Público, Poder Judicial, Congreso y otras), como el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry, el exjuez supremo César Hinostroza y otros administradores del sistema de justicia, la mayoría de los integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, entre otros, a políticos y operadores del crimen organizado; que están siendo investigados por el subsistema de justicia anticorrupción.
Dos décadas y media después, volvemos a vivir tiempos en los que los mismos corruptos y violadores de la Constitución y otras leyes, usando las instituciones y dineros de nuestro Estado (de los peruanos), defienden sus prácticas delictivas, y lo más reprochable, intentando hacernos creer que en el país todo anda bien y que sus conductas son legales, éticas y democráticas. Son los mismos lobos, pero con distinto pelaje y uno que otro crío aprendiendo a depredar, los que vuelven a poner en vilo a nuestra precaria democracia. Sus intereses siempre están primero, no les importa el Perú y no les afecta delinquir, porque como interpretan y controlan las reglas de juego, desde el Congreso, sus crímenes –por ahora– no tendrán castigo.
Queda claro entonces que no es odio, tampoco persecución política, que no se trata de acciones al margen de la ley de jueces y fiscales a cargo de los procesos anticorrupción seguidos a sus “líderes”, mucho menos de linchamientos mediáticos, movilizaciones sociales desestabilizadoras, burdas maniobras o envidia de los “caviar”. Se trata de un genuino –aunque incipiente– proceso social, que respalda la acción de un Estado y su Gobierno, en pro de devolverle la dignidad a un pueblo tantas veces mentido, traicionado, instrumentalizado y utilizado. Si trata de reconocer que tenemos una oportunidad de darle contenido y potencia al esfuerzo democrático de los peruanos honestos de construir instituciones autónomas e independientes que brinden justicia, seguridad jurídica y sirvan a otros fines supremos del país y no a organizaciones pro crimen. Es así mismo, utilizando los cauces institucionales y legales, oportunidad irrepetible para seguir desterrando de la vida política nacional a toda persona y organización con fines subalternos, antidemocráticos, autoritarios y con conflicto con la ley penal.
En este contexto, era inevitable el enfrentamiento entre Poderes. Por un lado los que abogan para que nada cambie, a fin de seguir disfrutando de los beneficios de la corrupción (mayoría del Congreso y sus operadores en el sistema de justicia) y los que buscan el establecimiento de nuevas y superiores reglas de juego para evitar la impunidad (el Gobierno central y la mayoría de la población). En este marco, la segunda “cuestión de confianza” otorgada por el Congreso al gobierno de Martín Vizcarra, resultó ser una burla al país, porque desnaturalizó aquellos proyectos sustantivos y necesarios de reforma política; entre ellos el relativo a la “inmunidad parlamentaria” que busca sea levantada por la Corte Suprema de Justicia y no siga –como fue aprobada por los fujialanistas, sus topos y tránsfugas– en manos del mismo Congreso. Ganaron los representantes de la corrupción e “intérpretes de la impunidad”.
Frente a estas ofensas y el acoso permanente, de las superestructuras pro corrupción e impunidad, el presidente Vizcarra decidió gobernar como un estadista dando la cara a su pueblo y planteó –en orden al marco constitucional– su decisión de “adelantar las elecciones generales para el 2020”; escuchando a la amplia mayoría (82,9%) de la población, que está de acuerdo con los seis cambios propuestos a la Constitución y otras leyes estratégicas. Una medida de este tipo, ya se adoptó el año 2000, cuando tocó acabar con el latrocinio, persecución y asesinatos de la dictadura de Alberto Fujimori.
En este marco, confrontar con la política corrupta e instituciones –públicas y privadas– a su servicio, para cualquier presidente democrático fue, es y será inevitable; más aún si vuelven a ganar la mesa directiva del Congreso.
La mayoría del Congreso son lo que dicen y hacen, no hay necesidad de convencerlos de nada; siempre serán lo mismo. En ese sentido, si algo queda por hacer es afirmar la vocación democrática de los peruanos y las peruanas a favor de la lucha contra la corrupción y la impunidad, por medio de la movilización ciudadana. Lo que sigue puede ser cierto, si logramos que el fujialanismo y sus serviles de turno pierdan en las urnas el 2020 el poder corrupto y corruptor que ahora concentra y que –sin dudas– defenderá con piedras, palos y lodo.
Adelantar las elecciones generales para el 2020 y estar preparados para elegir bien, es una cuestión de vida o muerte para la democracia peruana. Vencer a la corrupción, desde las urnas, es una oportunidad que la población no debe desperdiciar.
