Ningún mandatario en este periodo, el más extenso de democracia en nuestra historia, intentó lo que los actuales están tratando, y ninguno hubiera tenido éxito. Basta recordar el caso de la ‘censura constructiva’ a los alcaldes en los 90 y la actual inclusión del revocatorio de mandato en la Constitución.

Además del rechazo ciudadano, están en curso varias acciones legales. Una importante ante el mismo TCP con nuevos miembros, por la sentencia de noviembre cuya argumentación y decisión es invocada en fecha anterior a la demanda oficialista presentada en septiembre, por lo que hoy se plantea esta acción como fraude procesal, y tiene los visos de serlo. También está pendiente la decisión del Tribunal Supremo Electoral que administró el referéndum del 21-F y cuya presidencia ha vuelto a declarar que ese resultado está vigente (y que podrá objetar la inscripción de Morales Ayma al siguiente año). En el plano internacional y desde el reconstituido Conade y de líderes de oposición hay solicitudes de pronunciamiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Aunque esta instancia, más expedita que la Corte Interamericana, no emite fallos, una declaración suya pondría en mayores aprietos al oficialismo, pues la sentencia que dice habilitar a los actuales mandatarios usa la declaración de DDHH del Pacto de San José.

Así las cosas, se debe pensar en un desemboque que no sea violento del actual derrotero. Está claro también que una decisión presidencial de acatar el mandato del 21-F sería lo mejor, pero nada indica que eso ocurra. Es preciso demandar y producir un amplio acuerdo político que permita afrontar exitosamente la angurria oficialista. Existe la denominada Agenda 21-F que un grupo de intelectuales, profesionales y activistas ha ofrecido a la opinión pública hacia mediados del año pasado y encontró de adhesión de pares con una cifra cercana a los 200. La idea central es proporcionar al movimiento ciudadano el programa mínimo que permita pasar del rechazo a la práctica del MAS. Hay, pues, preocupación programática de parte de una importante porción del movimiento ciudadano. 

Con la reemergencia del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia, como a inicios de los 80, se busca un articulador político. Es indudable el valor moral de los componentes visibles de esta dirección, con la trayectoria de sus miembros vinculada a la defensa de derechos humanos, pero a diferencia de su antecesor, no convoca a los partidos políticos.

Hay que decirlo, no hay partido que hoy sea un referente al creciente malestar ciudadano con la clase dirigente y la autoconvocatoria va encontrando sus límites, versus el MAS que sigue siendo una máquina exitosa en lides electorales, incluyendo sus recursos prebendales y clientelares. Este es el principal reto a enfrentar, generar un liderazgo y forma política capaz de vencer la maquinaria del MAS y su principal capital es el manejo simbólico y afectivo de la figura de Morales Ayma, junto con el odioso culto de excepcionalidad histórica y caudillismo.

El nuevo liderazgo no debe conectar fácilmente con los miembros de la clase política anterior a la era masista, mas tampoco puede ser un outsider que no dé la confianza, que es lo que carecen los que se pretenden eternos. El régimen presidencial conspira para producir una figura colegiada, pero a ello hay que tender con una cabeza inevitable, pero capaz de ser interlocutor ciudadano con sus pares.

Por esta vía hay que acudir a la articulación de los nodos de redes organizativas más cercanas a gobernaciones o gobiernos municipales, con cabida a figuras con rasgos más ciudadanos. Sigue siendo difícil la selección de quién es ese primus inter pares. Entre los varios aspirantes, ganarán quizás los que se descarten a sí mismos del primer lugar ¿quién consigue sentar a los pretendientes a ese ejercicio? La necesidad imperiosa es evitar una dictadura, si es que fallan los recursos jurídicos mencionados al inicio de este texto.