El contrato de exportación de gas a Brasil, firmado hace 20 años, que se encuentra en proceso de renovación, establecía que el país debía exportar como mínimo 26 millones de metros cúbicos por día (26 MMm3/d) y en caso de que Brasil requiriera volúmenes adicionales hasta un máximo de 31,5 MMm3/d. Si Brasil compraba menos de 26MMm3/d debía pagar a Bolivia una multa por el volumen menor no adquirido y si Bolivia no entregaba ese volumen mínimo debía pagar a Brasil una multa por el volumen no entregado.  Como en la gestión 2018 Bolivia no cumplió con la entrega del volumen mínimo, adicionalmente a percibir menores ingresos por exportaciones, tuvo que pagar a Brasil una multa de 130 millones de dólares. 

Las actuales autoridades de gobierno tienen el desafío de renovar exportaciones de gas a largo plazo con Brasil, por al menos los 26 MMm3/d, que como mínimo se exportaba a ese país -bajo el supuesto, claro está, de que existen suficientes reservas de gas para ello-, ya que cualquier cantidad inferior implicaría menores ingresos por exportaciones para el país y menores ingresos por impuestos para el Estado.

 Consecuencias nada menores, considerando los elevados déficits fiscales que por cinco años consecutivos el gobierno mantiene y la continua caída de las reservas internacionales debido, entre otras razones, a que en los últimos cuatro años las importaciones han superado a las exportaciones. 

Sin embargo, se conoce que las autoridades brasileñas han decidido que Petrobras, con el propósito de fomentar una sana competencia en el sector del gas, mejores precios para los usuarios y evitar nuevos casos de corrupción en esa empresa, como los ocurridos durante el gobierno de Lula da Silva, ya no centralice la compra y distribución del gas boliviano, sino que lo hagan directamente los estados de Brasil (Matto Grosso de Sur, Sao Paulo, Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sur) o las empresas generadoras de electricidad y refinerías que lo utilizan. Ello implica que la renovación del contrato de exportación de gas al Brasil tendrá que negociarse con varios compradores, ya no sólo con Petrobras.

En días pasados, como resultado de la visita de autoridades de gobierno a Rusia, se conoció del acuerdo alcanzado con la empresa Arcos de ese país, que instalará en Brasil una planta para la comercialización de úrea, a la que YPFB proveerá de 2MMm3/d de gas por 20 años, pero recién a partir de 2024. 

Asimismo, la semana pasada se conoció del contrato firmado con la empresa de generación eléctrica brasileña Ambar Energía Ltda.,  que opera en el Estado de Matto Grosso, mediante el cual YPFB le proveerá de 2,2MMm3/d de gas. Cabe mencionar que para ninguno de esos acuerdos se ha informado los precios a ser cobrados. 

Ante la conclusión del contrato de exportación de gas a Brasil, corresponde que las autoridades de gobierno aclaren a la población: 1) si los mencionados acuerdos por un total de 4,2 MMm3/d de gas (2 MMm3/d a partir del 2024) serán parte de los 26 MMm3/d que se requiere renovar; 2) si son parte, ¿cómo pretenden concertar a la brevedad acuerdos por los restantes 21,8 MMm3/d que faltarían?; 3) si no son parte, ¿cómo pretenden concertar acuerdos por el total de los 26 MMm3/d? o 4) si sus “diligentes” gestiones fracasaron y el país tendrá que resignarse a exportar gas a Brasil por volúmenes inferiores y consiguientemente a percibir menores ingresos.

Armando Álvarez Arnal  es analista económico y financiero.