“Aunque tengamos la paridad, mientras haya un jefe que nos diga que esa paridad tiene que ser sometida a valores que él cree que son los auténticos, los auténticos valores nunca se verán. Los sectores más marginados están castigados por una justicia, que como dijo el vicepresidente Álvaro García Linera, está podrida”, expresó Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia.

La reconocida defensora agregó que el Gobierno transgrede la democracia al tratar de desconocer el voto popular del 21F, bajo el argumento de que el rechazo de  los electores a su reelección   fue por “una mentira”.

Por su parte, el investigador y sociólogo Ricardo Calla sostuvo: “Ha sido una década de desconocimiento de los indígenas, no se han respetados sus derechos de consulta, sus derechos territoriales. Simple y llanamente se pisotean todos los derechos escritos en la Constitución y las leyes para los indígenas”.

Griselda Sillerico, defensora de los Derechos Universitarios de la Universidad Mayor de San Andrés, coincidió  en que los sectores con mayor vulneración en sus derechos son las mujeres y los indígenas.  

Ella, por otro lado, afirmó que la concentración de poder afecta el trabajo de los defensores de derechos. “Hay el riego de un retroceso” advirtió. 

“No podemos ser defensores de derechos si somos funcionales al poder. Tiene que haber autonomía. En el momento que los defensores de derechos son funcionales, defenderán temas que no incomoden al poder”, agregó.

Nila Heredia, exministra y presidenta de la Comisión de la verdad -entidad que investiga los crímenes de lesa humanidad de la dictadura-  comentó que lo que falta es que las mujeres no sólo sepan que tienen derechos, sino que también los defiendan y “los construyan” para avanzar. 

 La directora ejecutiva de Unitas, Susana  Eróstegui, indicó que la falta de  reconocimiento  del Estado, la carencia de sostenibilidad económica y la falta de apertura de instancias públicas para hacer seguimiento a los casos de vulneración, son factores que afectan a las instituciones defensoras de derechos en su trabajo.