| REDACCIÓN Twitter: @DiarioOpinion |  31 jul 2019 | Ed. Imp.

EL DIPUTADO LUCIO GÓMEZ (I) Y EL ALCALDE EDUARDO MÉRIDA (D).

La Fiscalía imputó al alcalde suspendido de Quillacollo Eduardo Mérida del Frente Para la Victoria (FPV) y a Gerson E., exdirector de Recursos Humanos (durante el mandato como suplente de Zacarías Jayta), por el caso “audios de corrupción”. 

Se prevé para hoy su audiencia de medidas cautelares. Ambos fueron los primeros aprehendidos de un total de 10 personas que tienen la misma orden por los delitos de uso indebido de influencias y concusión.

Aún está pendiente ese mandamiento contra siete personas más. Uno de ellos, es el diputado Lucio Gómez del Movimiento Al Socialismo (MAS). Él fue acusado de “orquestar” la inestabilidad política en Quillacollo a través del nombramiento de cargos jerárquicos e incluso lo apuntaron como el que elegía al concejal que iba a reemplazar a Mérida tras su suspensión, en junio de 2018. 

Gómez, el 19 de julio, rechazó las acusaciones y dijo que la administración de un municipio es independiente. Acotó que los audios con su voz serían un montaje. 

Tras de esa aparición, no se conoció más del parlamentario. No respondió las llamadas y desde el lunes por la noche su teléfono se encuentra apagado. 

Mérida y Gerson están en la EPI Norte y la Fuerza Especial de Lucha Conta el Crimen (FELCC), respectivamente.



ORDEN También tiene mandamiento de aprehensión Florens A. exsecretario de Finanzas; Henry C., jefe de Transportes; Noé B., exdirector de Educación; Nedenka M., secretaria de Grover Corrales, el exsecretario general que fue sentenciado a cuatro años de cárcel, por este caso. 

También están Osmán P., expersonal de Salud; Israel A., encargado de cobrar las coimas y Ronald C., un externo. 

Según cercanos al proceso de investigación, una persona más habría sido aprehendida ayer por la tarde, pero esa información no se confirmó puesto que los fiscales asignados al caso argumentaron que el proceso se encuentra en “reserva”. 



CASO Las 10 personas están siendo investigadas por el caso “audios de corrupción”, que se presentó en una segunda etapa y hace referencia a irregularidades y cobro de coimas a empresas para la adjudicación durante la gestión de Zacarías Jayta. La Fiscalía allanó varias viviendas y secuestró equipos y documentos.