A 15 días de la denuncia del supuesto empadronamiento de votantes de Riberalta, en Beni, a San Pedro en Pando, el alcalde de este municipio, Fabio Durán (MAS), continúa desaparecido y no se ha podido ejecutar la orden de aprehensión en su contra.

El burgomaestre está acusado de delitos electorales.

El 14 de julio, vecinos y dirigentes de la oposición denunciaron que en un domicilio particular de Riberalta se procedía al registro ilegal de personas, que a cambio recibirían 300 bolivianos.

La Policía allanó la vivienda de Durán y encontró en su domicilio equipos de empadronamiento pertenecientes al Órgano Electoral, por lo que se sospecha que ha promovido el acarreo de votos de Riberalta a su jurisdicción.

Desde que se conoció la denuncia, el Alcalde no ha podido ser encontrado y el secretario municipal de San Pedro, Leiton Sosa, explicó que el burgomaestre ha presentado una baja médica de 10 días y se le otorgó licencia. La misma fue presentada el 18 de julio y se vence mañana. Ante la ausencia del Alcalde, el municipio eligió como autoridad interina a Yenkala Chao Aguada.

Por este caso, el Servicio de Registro Cívico (Sereci) de Riberalta se apersonó como parte querellante. “El Alcalde está con orden de aprehensión, pero no se lo ha podido encontrar”, dijo la directora de esa institución Nolvia Guzmán.

Tampoco se ha podido acceder a la información de la computadora que se usaba ese día para empadronar, a pesar de que solicitó la revisión de un perito del IDIF.

Sigue en Bolivia

La Policía realiza labores de inteligencia y cree que el burgomaestre no huyó y se encuentra en el mismo municipio, informó el jefe interino del Comando Amazónico con base en Riberalta, Luis Casso.

“No hemos ejecutado la orden de aprehensión. Hay un hermetismo total. Ha ido inclusive una comisión y el Ministerio Público al municipio, pero nada de resultados”, dijo Casso.

Por este caso fueron detenidas preventivamente Narda C. T., Dianita N. O. (funcionaria de la Alcaldía de San Pedro) y Walter C. A. (funcionario del Sereci de Pando). En cambio, Fernando C. A. y Rosi O. V., acusados de encubrimiento, ambos familiares de los detenidos, fueron beneficiados con medidas sustitutivas.

Por este hecho, unas 32 personas fueron aprehendidas en dos operativos en la vivienda que pertenecería al Alcalde de San Pedro, donde ocurrió el ilícito, pero sólo cinco fueron imputadas.

Se trata de la tercera denuncia de traslado de votantes en dos meses y la segunda en Riberalta. El primer caso de Riberalta también implicó a un alcalde del MAS, Ariel Limpias, del municipio pandino de Gonzalo Moreno. Otra caso fue el San Miguel de Velasco, en Santa Cruz.

3 denuncias de acarreo. En sólo dos meses se reportaron tres denuncias de acarreo de votos. De ese número, dos corresponden a Riberalta.

PIDEN AUDITORÍA POR DENUNCIAS

Tras las dos denuncias de acarreo de votos en Riberalta, el senador de Unidad Demócrata (UD) Yerko Núñez remitió una carta a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, para pedir una auditoría técnica-jurídica dentro del Órgano Electoral en el municipio de Riberalta del departamento del Beni y la de la anulación del empadronamiento en el departamento de Pando.

Pero autoridades del Serecí indicaron que en ambos casos los votantes no fueron introducidos a la base de datos que maneja la institución.

ELIMINARON LOS DATOS DEL EQUIPO DE REGISTRO

Después de pericias a la computadora que se usó para el supuesto acarreo de votos de Riberalta (Beni) a Gonzalo Moreno (Pando), el 16 de junio, se evidenció que toda la información de ese equipo había sido borrada, informó la directora del Servicio de Registro Cívico (Sereci) de Beni, Nolvia Guzmán. Ése fue el primer caso de traslado de votantes.

El 25 de junio hubo otra denuncia. Comunarios de Blanca Flor, comunidad del municipio de San Lorenzo del departamento de Pando, denunciaron el “acarreo de votantes” de Riberalta (Beni) a esa región. Este caso, sin embargo, no tuvo mayores repercusiones porque el registro irregular no se concretó.

La tercera denuncia fue el 15 de julio e involucró al municipio de San Pedro. En este caso, aún no se logró investigar el contenido de los equipos secuestrados.