Identificaron entre las principales amenazas la intromisión de empresas extractivistas, el narcotráfico y la deforestación, amenazas que se avalan incluso mediante leyes vigentes que atentan contra los derechos de los pueblos indígenas.

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Representantes indígenas durante el "Diálogo de saberes". Foto: ANF

San Ignacio de Mojos (Beni), 28 de julio (ANF).- Organizaciones de los Territorios Indígenas de tierras altas y bajas del país, participaron este fin de semana del encuentro realizado en San Ignacio de Mojos denominado: “Diálogo de Saberes sobre Autonomías y Territorios”, donde identificaron que algunas de las normativas y leyes emitidas por el gobierno de Evo Morales son una amenaza y una dificultad en el proceso de recuperación de tierras y la consolidación de sus autonomías.

Bernardo Muiba, presidente del TIM1, explicó que este evento se constituye en un espacio intercomunal y académico que tiene como objetivos realizar un análisis del avance de las autonomías y buscar estrategias de defensa de sus territorios.

En ese sentido el “Diálogo de Saberes” dejó escuchar las voces de los pueblos indígenas quienes enfatizaron que, si bien existen avances en el proceso de recuperación de tierras y autogestión de las mismas, también existen una serie de amenazas y dificultades.

Observaron que durante el Gobierno de Evo Morales se emitieron leyes y normas que no están de acuerdo a la realidad de los pueblos indígenas y que por el contrario desfavorecen a los mismos abriendo puertas a una serie de amenazas a sus territorios como la deforestación de los bosques y la contaminación de los ríos.  

El trabajo realizado por los líderes de las organizaciones indígenas se distribuyeron en tres mesas de trabajo bajo la premisa de que "la titulación de las tierras no garantizó el respeto de las mismas".

Los temas abordados fueron: gestión pública, control y defensa territorial y dimensión material y productiva de las autonomías.

La gestión pública de las autonomías, un desafío para los pueblos indígenas y el Estado

Dirigentes de la Autonomía Indígena Originaria Campesina de Raqaypampa y del municipio autónomo indígena de Charagua, presentaron las conclusiones de su mesa de trabajo y afirmaron que el manejo de recursos naturales implica no solo un desafío para los pueblos originarios, sino también para el Estado que no ha generado una ley que brinde los mecanismos para la propia administración de sus recursos.  

“Ni la Constitución Política de Estado (CPE), ni la ley marco (de autonomías) han definido claramente el capítulo de gestión pública de las autonomías seguimos siendo obligados a manejar nuestros recursos en función a la ley 1178”, afirmó uno de los representantes  

Enfatizó que el actual régimen de gestión pública no favorece a las autonomías indígenas, “no nos toma en cuenta, no nos reconoce, no valora, no acepta nuestra propia forma de gestión territorial, sino que nos obliga a seguir el régimen del Estado”, dijo.

Leyes que atentan contra los derechos indígenas

La segunda mesa de trabajo arrojó conclusiones preocupantes sobre las amenazas externas e internas que tienen los territorios indígenas y el proceso de autonomías.

Observó entre las principales amenazas la intromisión de empresas extractivistas, el narcotráfico y la deforestación, amenazas que se avalan incluso mediante normas y leyes vigentes que atentan contra la autonomía y los derechos de los pueblos indígenas.

“Las nuevas normas que saca el gobierno, que involucran justamente el ingreso de las empresas petroleras, madereras, la ampliación de la frontera agrícola que permite la deforestación y con esa visión de desarrollo, también tenemos las carreteras que su paso traen todas estas cosas que lo estamos sintiendo”, denunciaron.

Afirman que tanto los territorios indígenas como las áreas protegidas “restan en la mira del gobierno” por las reservas de recursos naturales que guardan, por lo que otra de las metas luego de una ley de gestión pública es la consolidación de gobiernos indígenas.  

Manifestaron que la normativa dispuesta por el actual gobierno responde además a un panorama electoral: “el Gobierno ha entregado en manos de los ganaderos un decreto que les permite hacer los desmontes. Ganar simpatía porque el número de votos pesa sin ponerse a pensar en el impacto que puede causar, que puede generar en los territorios indígenas”, mencionó el dirigente.

Producción de la vida para la autonomía

Las conclusiones arrojadas por la mesa tres enfatizaron en los cambios que sufren las comunidades por una serie de factores tanto externos como internos.

El consumo de alimentos importados que, “nos obligan a salir a trabajar fuera de nuestro campamento, para buscar dinero y poder cubrir la necesidad de nuestros hijos, esto es una debilidad que nos hace dependientes”, manifestaron.

La migración de los jóvenes, el abandono de tierras, el sistema educativo y el mal uso de la tecnología fueron temas de reflexión en este diálogo.

“Seguimos en la lucha”, manifiesta Petrona Nosa, dirigente mojeña que participó de la primera marcha “Por el territorio y la dignidad”, en 1990. Junto a ella los participantes del encuentro resaltan que, si bien existen muchos avances, todavía queda mucho por hacer, “luchar contra la presencia de empresas que contaminan y destruyen nuestro medio ambiente y fortalecer la organización y nuestros medios de vida”. Así mismo criticaron el hecho de que el gobierno no tenga interés en la consolidación de sus autonomías y el establecimiento de sus territorios, poniendo una serie de trabas burocráticas para su implementación.

/MJM/SMR