Los golpes de Estado

Entre las peores novedades que aportó la instalación del gobierno del MAS, cercano ya a cumplir catorce años de ejercicio ininterrumpido, está su fatigosa e insistente apelación a calificar de intentos de “golpes de Estado” a cualquier acción de resistencia contra sus abusos.

La última proviene de los labios del canciller -un funcionario típico, que le debe todo al presidente- quien a tiempo de calificar de “político” el paro anunciado por Conade y comités cívicos, lo compara elípticamente con el golpe del coronel Hugo Banzer en 1971, debido a que está convocado en la fecha en que ocurrió aquella violenta irrupción militar para controlar el poder político.

Dice el actual encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores que exigir la renuncia de los serviles vocales del TSE y la anulación de la inconstitucional candidatura protegida del organismo encargado de velar por la transparencia y respeto del voto perjudicaría “a la democracia y (al) proceso electoral”.

Una falla central de la acusación de complot, conspiración y, finalmente, golpe de Estado, que tan asiduamente gusta de usar el régimen es que, en términos concretos e históricos, la única posibilidad efectiva de coronar un golpe de Estado en nuestro país requiere, indispensablemente, de la participación y el patrocinio de una parte del mismo Estado, habitualmente su aparato armado. Esta posibilidad ni existe ni se ha dado en ningún momento y, por lo tanto, la insinuación del canciller y las múltiples denuncias oficiales previas son esencialmente falsas y dirigidas a manipular la emocionalidad del público.

A falta de golpes de Estado, lo que conocemos como característica y especialidad del régimen son los continuos golpes que desde el Estado se han tramado y ejecutado contra organizaciones sociales y movimientos populares, contra críticos y disidentes.

Los pueblos del Tipnis, acusados en su IX marcha de encubrir un golpe en gestación, movimientos regionales de Potosí, Caranavi o Achacachi, de los cocaleros de Yungas, la marcha de personas con discapacidades, o el pueblo guaraní en Tacovo Mora son parte de la extensa lista que prueba que el Estado golpea duro, frecuente y perseverantemente a los movimientos sociales que se le ponen al frente y nunca al revés.

El único golpe que está sufriendo el Estado, o más precisamente sus ocupantes, se origina en la cadena de encuestas, incluida la última publicada hace una semana que, por casi dos años, muestra invariablemente congelada la intención de voto en su favor por debajo de 40 puntos; dolorosamente distantes de los 2/3 favorables que logró en el referendo revocatorio, hace más de una década, o la mayoría absoluta con que el MAS conquistó inicialmente el gobierno.

Sus falsas sonrisas de satisfacción, apenas esconden el lacerante temor que significa saber que su triunfo depende exclusivamente de la sorprendente inhabilidad de sus opositores políticos. Sus aprensiones pueden apaciguarse, en parte, al comprobar que sus principales oponentes electorales están prácticamente ausentes de la lucha contra el indigno y sometido tribunal electoral y la validación de la inconstitucional candidatura oficialista.

Ante tal vacío de actores partidistas, el Conade y organizaciones sociales y cívicas están asumiendo todos los riesgos que supone encabezar un plan que requiere de una sólida conducción política y capacidad organizativa. Ese peligro ronda niveles máximos con la convocatoria de paro indefinido, diez días antes de las elecciones, mientras las candidaturas, aunque proclaman esporádicamente su condena al TSE, se subordinan mansamente a sus decisiones y prosiguen actuando cual si temieran desencadenar reacciones del árbitro electoral más desacreditado de la historia reciente del país, incluida la “banda de los cuatro”.

El TSE y el tribunal constitucional, TCP, órganos y parte medular del Estado, han sido y continúan siendo empleados para golpear furiosa y alevosamente a la Constitución, la voluntad soberana y la democracia: aunque el canciller derrame lágrimas, fingiendo ignorarlo, mientras rebota las acusaciones contra quienes demandamos que el Estado termine con tales agresiones.