Entre la ciudadanía potosina y el gobierno del MAS se ha abierto una brecha (casi) insalvable. Su primer efecto fue el triunfo del No en el referendo del 21F de 2016. En el Departamento de Potosí, el voto por el No fue del 53, 26 por ciento, centrado, sobre todo en la zona urbana de la ciudad de Potosí. Solo el apoyo de las áreas rurales pudo contener la tendencia desfavorable a las ambiciones reeleccionistas de Morales pero, de todas maneras, fue insuficiente.
Hasta antes de Evo Morales, las instituciones que mediaban entre la sociedad civil potosina y el Estado tenía tres actores: la Central Obrera Departamental (COD), el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y los partidos políticos (estos últimos con poca eficacia política). Literalmente no había acción que emprendiera el Estado sin la aprobación los dos primeros. Con Morales en el poder, estos actores son desplazados por la Federación Única Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Potosí y las cooperativas mineras. La prueba clara es que los cooperativistas llegaron a tener dos parlamentarios y los campesinos ocho para las elecciones de 2005.
En el caso de los cooperativistas, su súbito poder político fue enormemente dañino para la sociedad potosina. Si antes la COD y Comcipo ponían en la agenda pública local temas de interés para el conjunto de la sociedad potosina y eran articuladores de las protestas colectivas regionales, cuando son desplazados por los cooperativistas, este lazo con la sociedad civil se rompe porque estos son actores privados que operan políticamente para defender sus intereses y no los del conjunto. 

Como resultado, durante estos 14 años del gobierno del MAS todo fue pérdida para el pueblo potosino. El régimen impositivo minero permaneció tal cual lo habían dejado los gobiernos neoliberales, sin  margen para que la población se beneficie de los recursos que están en su territorio; el trabajo minero afectó el medio ambiente de manera preocupante y, finalmente, las empresas privadas trabajaron en el Cerro de Potosí dañando su estructura cónica.
Ante esta falta de mecanismos de representación, el pueblo potosino tuvo que hacer oír su voz asumiendo medidas radicales. No se puede entender de otra manera la huelga de los 19 días de 2010 ni la de 27 días de 2015.  Largas y sufridas huelgas que, empero, nunca lograron su propósito. Pese al desgaste político que esto implicó para el gobierno, el MAS prefirió continuar con su política, negando la vigencia y representatividad de las organizaciones potosinistas.
Hoy, a raíz de las elecciones de octubre próximo, se han abierto grandes posibilidades para renovar las relaciones entre la sociedad potosina y el Estado y recomponer su sistema de mediaciones donde, de verdad, la ciudadanía, sea escuchada por el poder.  Para ello se debe construir un proyecto regional que potencie sus instituciones regionales y convenza a sus actores que es impostergable que ensamblen sus intereses particulares con la suerte de la región. El continuar con el actual sistema de mediaciones políticas solo significa el ahondamiento de la debilidad del poder territorial de la región potosina.