Nuestro país no es una excepción. Todo lo contrario, durante los últimos años las encuestas previas, y las hechas a boca de urna, llegaron a ser verdaderos faros orientadores de la ciudadanía. 
Un ejemplo de lo dicho fue lo ocurrido en febrero de 2016, cuando se realizó el referéndum para aprobar o rechazar el cambio constitucional destinado a habilitar al binomio Morales-García. Como se recordará, en la etapa del cómputo de votos llegó a darse más credibilidad a los datos difundidos por las empresas encuestadoras y los medios de comunicación que las contrataron, que a los del Órgano Electoral Plurinacional (OEP). Se daba por sentado que los datos oficiales debían coincidir con los previstos por estas y no al revés, como debería ser.
Eso significa que las encuestas inspiraron más confianza que el OEP. Fueron más fidedignas que los informes oficiales. Y ese fue un factor decisivo para el desenlace final pues cualquier intento de manipulación de los resultados hubiera sido inaceptable.
Se llegó a ese punto por dos factores convergentes. Por una parte, porque a diferencia de lo ocurrido en otros países, en Bolivia las previsiones de las empresas encuestadoras coincidieron, los últimos años, con un asombroso margen de precisión con los cómputos oficiales. Punto más o menos, con el comprensible e inevitable margen de error, todas demostraron que su labor era digna de confianza.
Como contrapartida, se desmoronó la credibilidad del OEP y sus principales brazos operativos como el Tribunal Supremo Electoral (TSE). La desconfianza se fue labrando a pulso por vocales que perdieron todo escrúpulo a la hora de favorecer a las fuerzas oficialistas.
Con esos antecedentes, y en vista de la manera servil como actualmente el TSE se somete a los designios gubernamentales, se puede prever que el panorama, antes, durante y después del acto electoral del 20 de octubre próximo, será aún peor. El que está en marcha es un proceso ya ensombrecido por la incertidumbre y la desconfianza, lo que da lugar a que la ciudadanía busque llenar la falta de información confiable con los datos obtenidos por empresas encuestadoras y difundidos por los principales medios de comunicación.
Eso multiplica la importancia de unas encuestas dignas de confianza, libres de toda sospecha de manipulación, lo que eleva al máximo la responsabilidad y seriedad que se espera de las empresas encuestadoras y de los medios que las difunden.