El fiscal Rolando Sarmiento informó ayer que el juez que atiende la causa determinó el arraigo a nivel nacional para el gobernador de Tarija, Adrián Oliva, en el proceso que se le sigue por la adquisición irregular de cemento asfáltico.

“Después de una larga audiencia de consideración de medidas cautelares, el juez ha establecido que evidentemente hay suficientes elementos para acreditar la probabilidad de autoría en cuanto a la responsabilidad del señor Adrián Oliva, así como la activación de riesgos procesales, entre ellos peligro de obstaculización y peligro de fuga. En ese entendido, el juez ha resuelto el arraigo nacional del señor Oliva”, dijo.

Sarmiento explicó que además el Gobernador de Tarija debe presentar dos garantes y tiene la obligación de acudir al Ministerio Público una vez al mes, además de la prohibición de contactarse con los otros coimputados en la causa.

“El Ministerio Público solicitó la detención preventiva y se analizará la posibilidad de interponer el recurso de apelación. El daño económico asciende a cerca de 700 mil bolivianos por la compra de un cemento innecesario”, agregó

Sarmiento añadió que el Gobernador está acusado por el delito de conducta antieconómica. La causa data de abril de 2016, cuando la carretera Santa Ana- Yesera fue recibida por el Gobernador junto a otras personas en un acto público. Dicha obra fue entregada para el uso de toda la población y sin embargo, en diciembre del mismo año, se inicia un proceso de contratación para la compra de cemento asfáltico para esta carretera que ya había sido inaugurada.