La experiencia ya no es nueva. En 2011 pilló de improviso a casi todos, desde los candidatos hasta los votantes. El lío se sintió especialmente en los colegios donde las dificultades, el tamaño de la papeleta y lo complejo de la votación se transformó en grandes filas de espera.
El mecanismo de elección directa de los jueces está contemplado en la Constitución Política del Estado, representa una forma interesante de ensanchar la democracia y no, no es una ocurrencia excéntrica de Bolivia, pues en los Estados Unidos, país en las antípodas ideológicas constitucionales, también lo contempla. Incluso se asemeja en la dificultad que conlleva explicarlo.
En 2011 los Comités Cívicos opositores y algunos líderes abanderaron una campaña por el voto blanco y nulo que tuvo nomás su trascendencia, pues los votos válidos apenas superaron el 40 por ciento. El candidato más votado al Tribunal Constitucional, Gualberto Cusi, sumó un 15 por ciento del 1,8 millones de votos válidos, los que supone apenas 300.000 votos. El último en entrar, Zenón Bacarreza, sumó un 2,45 por ciento, es decir, menos de 50.000.
Nadie se atribuyó una victoria con los resultados, sobre todo porque pocos eran capaces de entender lo que había pasado y lo que iba a pasar. Con menos legitimidad que legalidad se constituyeron los Tribunales por primera vez elegidos por el pueblo, cuyo principal sostén debía ser precisamente la libertad de no haber sido impuesto por una mayoría en la Asamblea que, por aquel entonces, ya disfrutaba el Movimiento Al Socialismo.
En 2017 la situación en la Asamblea Plurinacional es la misma, y los Magistrados volverán a ser elegidos por la población, como manda la Constitución. En 2011 se denunció con más o menos vehemencia que la trampa había estado en el proceso de selección y habilitación de candidatos, donde el MAS había aplicado su rodillo mientras la oposición había decidido no participar. 
En 2017 se denuncia más o menos lo mismo, con el añadido de que esta vez si se tienen antecedentes de lo que ha pasado en la anterior legislatura con los magistrados electos. De los siete titulares tres fueron suspendidos y juzgados en el Senado a cuenta de la suspensión cautelar de la Ley del Notariado planteada por el Gobierno y que, según los legisladores, dejó en indefensión al Estado por los vacíos legales del procedimiento. Mientras esto pasaba en 2014 se gestionaba la interpretación de la carta magna en su artículo transitorio dando una nueva habilitación al presidente Evo Morales para los comicios de ese mismo año. Algunos de los suspendidos, como el propio Cusi, no estaban de acuerdo. 
Estos mismos magistrados son los que ahora decidirán sobre la nueva habilitación del presidente Evo Morales que solicita el Movimiento Al Socialismo alegando que el derecho a ser elegido es un derecho humano fundamental que la propia Constitución viola.
Con estas previas, Bolivia se encuentra inmersa en esta nueva “campaña electoral” envuelta en incertidumbre, pues ya se sabe de la trascendencia, pero no de lo que realmente les tocará decidir. En una campaña electoral que es prohibida, en la que los mismos candidatos a hacer cumplir las leyes se las saltan para imprimir afiches y pedir el voto. En una campaña electoral en la que no se podría prometer más cosa que hacer cumplir la Ley pero que sin embargo se presentan proyectos como si la carrera fuera para ser Ministro de Justicia o Fiscal General.
Del éxito del proceso y la elección depende en buena medida la credibilidad de la institución últimamente más vilipendiada del país. De su fracaso bien podría depender una nueva Constituyente de consecuencias impredecibles, sin asidero.
Y en el medio de la batalla, de los intereses y de los cálculos, una vez más, el boliviano normal y la boliviana corriente.