La Justicia dictó ayer jueves arraigo nacional para el gobernador de Tarija, Adrián Oliva, en el caso de la compra de cemento asfáltico para la construcción del tramo carretero Santa Ana-Yesera que, según la denuncia, él mismo había inaugurado ocho meses antes.

“En la audiencia de medidas cautelares, se pudo acreditar con todos los elementos indiciarios presentados que el señor Adrián Oliva habría tenido participación dolosa en este hecho, toda vez que ya desde la gestión 2015 tenía conocimiento del avance de la construcción de la carretera y habiendo entregado oficialmente la misma en abril de 2016 permitió que se proceda a la compra de cemento asfáltico para ese mismo camino, casi ocho meses después”, explicó el fiscal departamental de Tarija, Aimore Álvarez.

Bajo ese antecedente, los investigadores consideran que no existía razón para la contratación de una empresa que suministre asfalto cuando las obras ya concluyeron.