Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: viernes 26 de julio de 2019
Categoría: Procesos electorales
Subcategoría: Elecciones nacionales
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El diputado Wilson Santamaría denunció a Virginia Velasco por uso de bienes del Estado, porque no renunció al cargo de directora de Gestión Social antes de ser inscrita ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) como candidata a primera senadora por el MAS.
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El legislador sostuvo que luego del registro de candidatos, Velasco entregó mobiliario y declaró como directora de Gestión Social en canales de televisión. Como pruebas, Santamaría presentó videos y notas de prensa, difundidos en medios de comunicación, en las que Velasco figura como directora.
El legislador explicó que el 19 de julio, fecha en que feneció el plazo para el registro de candidatos, Velasco concedió una entrevista a la televisora Abya Yala y se presentó como funcionaria del Ministerio de la Presidencia. “Ese día debió dimitir, para presentar su candidatura”, afirmó Santamaría.
Asimismo, el legislador señaló que luego del registro de candidatos, Velasco entregó bienes del Estado en actos públicos, acción que -subrayó- también está prohibida por las normas.
Con esos antecedentes, Santamaría pidió la inhabilitación de la también exministra de Justicia. De acuerdo a la norma, los funcionarios de libre nombramiento deben renunciar 90 días antes del día de las elecciones.
“Se violentó el artículo 238 numeral III de la Constitución. Hemos enviado, junto al diputado Rafael Quispe, una solicitud de inhabilitación directa de la candidata a senadora Virginia Velasco, verificarán que no figura su declaración a la conclusión del cargo”, manifestó.
El 9 de julio el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dejó sin afecto el requisito que obligaba a las autoridades electas a renunciar a sus cargos, tres meses antes de los comicios. La decisión fue adoptada bajo el amparo del artículo 23 del Pacto de San José, en el marco del criterio de favorabilidad.
No obstante, en la sentencia se aclara que los funcionarios designados deberán renunciar 90 días antes de las elecciones.
Página Siete llamó a Velasco para conocer su versión sobre el pedido de inhabilitación que solicitó el opositor Santamaría, pero no tuvo éxito.
De acuerdo al portal de la Contraloría General del Estado, Velasco aún figura como funcionaria del Ministerio de la Presidencia y tiene un patrimonio total de 1,2 millones de bolivianos.
