“Después de una larga audiencia de consideración de medidas cautelares, el juez ha establecido que evidentemente hay suficientes elementos para acreditar la probabilidad de autoría en cuanto a la responsabilidad del señor Adrián Oliva, así como la activación de riesgos procesales, entre ellos peligro de obstaculización y peligro de fuga. En ese entendido el juez ha resuelto el arraigo nacional del señor Oliva”, informó el  fiscal asignando al caso, Rolando Sarmiento.

Explicó que Oliva  debe presentar dos garantes y tiene la obligación de presentarse ante la Fiscalía  una vez al mes; además, la prohibición de contactarse con los otros coimputados.

“El Ministerio Público ha solicitado la detención preventiva y se  analizará la posibilidad de interponer la  apelación. El daño económico al Estado asciende a  686 mil bolivianos por la compra de un cemento innecesario”, agregó el fiscal.