Elección competitiva. Una fórmula valorada en la democracia representativa, con base en elecciones periódicas, es la combinación de certeza en las reglas e incertidumbre sobre el resultado. En los comicios generales de 2009 y 2014 en el país hubo innovación en las reglas (nueva CPE, Ley del Régimen Electoral) y certeza sobre el resultado (victoria de Morales). Hoy el escenario es distinto: hay disputa sobre las reglas (con foco en la Ley de Organizaciones Políticas) e incertidumbre sobre el resultado. No es un cambio menor.

En tal contexto político-electoral, cuya temporalidad y condiciones de competencia fueron alteradas de manera sustantiva por el tsunami primarias, un factor de incertidumbre es la distribución de escaños en la Asamblea. Más allá de que el binomio ganador se defina en primera o en segunda vuelta, no hay datos ciertos para saber si un partido tendrá mayoría en solitario o habrá gobierno minoritario, con sus riesgos de bloqueo y parálisis institucional. Es el espantajo del “trauma de ingobernabilidad”.

Los ciclos del proceso de democratización son conocidos. Tras la difícil transición con bandera UDP, tuvimos tres lustros de estabilidad política asentada en coaliciones parlamentarias y de gobierno. Fue el festín de la democracia (im)pactada, que sucumbió y huyó en helicóptero en octubre de 2003 por sobredosis de ombligo y de cuoteo. Luego vinieron las sucesivas e inéditas victorias del MAS-IPSP con mayoría absoluta y un sistema de partido predominante. Se agitó el “trauma de los dos tercios”.

Luego de las elecciones del 20 de octubre, ¿habrá necesidad de pactar en la Asamblea? Más todavía: ¿volverá la democracia pactada, esa mala palabra? No hay condiciones ni señales en ese sentido. Quizás sean necesarios pactos de nuevo tipo, pero en ningún caso coaliciones. Ello dependerá de la distribución de escaños. A la espera de datos desagregados sobre intención de voto, los antecedentes muestran que el MAS-IPSP podría tener mayoría en Diputados. Hay menos claridad sobre la composición del Senado.

Más allá de la aritmética. A reserva del mensaje de las urnas y la conversión de votos en escaños, que definirá mayoría y minorías en la Asamblea Legislativa Plurinacional, otro factor de incertidumbre en este terreno es si, además de la necesidad, habrá disponibilidad de pactar entre los actores relevantes (“los partidos que cuentan”). En todo caso, parece evidente que los comicios 2019 traerán consigo un tránsito importante: de un sistema de partido predominante a un sistema de pluralismo más o menos moderado o polarizado.

Claro que estos andamios no son únicamente cuestión de aritmética. Un aprendizaje del período de la democracia pactada es que la “gobernabilidad sistémica” afincada en mayorías parlamentarias no es suficiente (bastará recordar que el “modelo” se desplomó pese a que el Gobierno MNR-MIR-NFR acababa de estrenar mayoría de dos tercios en el Congreso Nacional). Está visto que la gobernabilidad se disputa también, a veces de manera decisiva, en el campo extrainstitucional, en las calles y carreteras.

¿Retorno del pacto? En realidad el pacto no ha dejado de estar presente, con otros actores y diferentes modalidades. Ya es un lugar común señalar que el MAS-IPSP, en sí mismo, es una suerte de congregación de pactos con organizaciones, sectores, corporaciones, movimientos sociales, gremios. Es la confluencia del partido con el instrumento político. E incluye una pauta de autorrepresentación. En el campo opositor, en tanto, se tejen algunas alianzas con agrupaciones locales y plataformas ciudadanas.

Todas estas consideraciones, que dependen del resultado de la votación, pueden quedarse en la sola pragmática del poder si no interpelamos acerca del horizonte: ¿pactos para qué?, ¿con qué agenda programática? Y aquí el principal desafío poselectoral no radica en garantizar un gobierno mayoritario (sea o no monocolor), sino en las condiciones y correlación de fuerzas para impulsar, una década después, la agenda del proceso (pos)Constituyente y su todavía esquivo horizonte de emancipación.