El 20 de octubre los ciudadanos elegirán el gobierno por la gestión 2020-2024, los binomios están en carrera electoral y todos presentaron sus planes de gobierno como un requisito para su registro en el TSE. Aunque las propuestas son distintas, todos coinciden en la lucha contra la corrupción y reformar la justicia. Todos coinciden en la necesidad de recuperar la institucionalidad de los órganos e instituciones de poder.

El problema de la corrupción es estructural porque nace del funcionamiento de las instituciones del Estado, resultando imposible que un gobierno pueda luchar contra el flagelo de la corrupción y la impunidad si no conforma órganos independientes con personas notables de la sociedad civil.

El Ejecutivo y Legislativo constituyen la base para institucionalizar el Órgano Electoral, la Contraloría, Fiscalía, Procuraduría y reformar el Órgano Judicial. Si bien el judicial es producto del voto popular, la nominación de candidaturas es aprobada por la Asamblea, ahí radica la elección de gente vinculada al poder político que hoy carece de legitimidad y confianza ciudadana. El voto popular elegirá entre gente notable a quienes serán los próximos magistrados, hasta realizar la reforma parcial de la CPE.

El Estado necesita con urgencia una Contraloría que le proteja sus recursos de la discrecionalidad de los políticos, una Fiscalía que ejerza la acusación sin distinción de colores y con eficiencia, una Procuraduría que defienda los intereses del Estado aún de los daños económicos que causa el poder.

Se necesita recuperar la esencia y función del Defensor del Pueblo para los ciudadanos y no para tapar los actos abusivos del poder, necesitamos recuperar la confianza en las elecciones para tener autoridades legítimas y se respete el voto popular. Solo un tribunal electoral de ciudadanos notables puede garantizar el voto en elecciones.

Es necesario un órgano judicial que devuelva la seguridad jurídica a los ciudadanos y tenga la fortaleza para procesar autoridades de alto rango.

La configuración de fuerzas políticas será distinta a partir de octubre, por ello, surge la necesidad de suscribir un compromiso entre los actores políticos que obtendrán un curul en las dos cámaras, para institucionalizar el Estado desde la asamblea legislativa.

La suscripción de un compromiso político se sustenta en la estructura y organización funcional del Estado, definido por la CPE, ahí se encuentran los procedimientos para conformar sus instituciones, solo hace falta la voluntad política y aplicar los planes de gobierno para reformular el Estado.

El compromiso suscrito de cara al país contiene cinco elementos:

1. Designación de contralor, procurador, fiscal general y defensor del pueblo por ciudadanos ajenos al poder político y de reconocida trayectoria de servicio en la sociedad civil.

2. Nominación de candidatos a elecciones judiciales de ciudadanos abogados de reconocida trayectoria de servicio profesional sin vinculación con el ejercicio del poder.

3. Reestructuración del órgano electoral a partir de notables en el TSE basados en reglas claras para la realización de procesos electorales.

4. Reestructuración del órgano judicial, con profesionales idóneos sin vínculos políticos y con historial académico de servicio universitario y no en la función pública.

5. Compromiso de consolidación de la independencia de órganos: Prohibición de intervención en el funcionamiento de los órganos e instituciones llamadas a procesar la responsabilidad por daños económicos causados al Estado. y, por último

6. El restablecimiento del imperio de la CPE cuya única soberanía es el pueblo autorizado para modificar parcial o totalmente la carta de garantías.

La vigencia de la CPE no puede estar en manos de un TCP cuyas sentencias infames han derogado artículos sin el voto popular bajo el pretexto de proteger derechos políticos, colocando al poder por encima de todos los ciudadanos.