Medio: El Deber
Fecha de la publicación: miércoles 24 de julio de 2019
Categoría: Institucional
Subcategoría: Tribunal Supremo Electoral (TSE)
Dirección Web: Visitar Sitio Web
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A menos de tres meses para las elecciones generales del 20 de octubre, surgieron tres denuncias -institucionales y de políticos- por presuntas faltas electorales al pedir el voto a través de medios de comunicación, antes del plazo permitido por la Ley Electoral. La primera es contra el presidente y candidato del MAS, Evo Morales; la segunda es contra Óscar Ortiz, de Bolivia Dice No; y la tercera, contra la Federación de Cooperativistas Mineros (Fencomin).
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Candidatos del MAS y de Bolivia Dice No pueden ser sancionados por pedir voto. Pasarán a manos de un juez
Evo Morales pidió el voto en Morochata el 18 de junio. Fue denunciado. Foto: APG NOTICIAS
Candidatos del MAS y de Bolivia Dice No pueden ser sancionados por pedir voto. Pasarán a manos de un juez
Evo Morales pidió el voto en Morochata el 18 de junio. Fue denunciado. Foto: APG NOTICIAS
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A menos de tres meses para las elecciones generales del 20 de octubre, surgieron tres denuncias -institucionales y de políticos- por presuntas faltas electorales al pedir el voto a través de medios de comunicación, antes del plazo permitido por la Ley Electoral. La primera es contra el presidente y candidato del MAS, Evo Morales; la segunda es contra Óscar Ortiz, de Bolivia Dice No; y la tercera, contra la Federación de Cooperativistas Mineros (Fencomin).
El primer caso se dio cuando Morales fue denunciado por los diputados opositores Wilson Santamaría y Rafael Quispe, de Unidad Demócrata. Lo acusan de aprovechar la entrega de un colegio, en el municipio cochabambino de Morochata, para ofrecer obras a cambio del 100% de votos a su favor. El hecho sucedió el 18 de junio. El acto fue transmitido por Bolivia TV, medio que también fue denunciado por la difusión del hecho de propaganda.
Según Martín Montaño, presidente del TED cochabambino, la institución devolvió el lunes el proceso ante el juez de Morochata, Omar Blanco, que inicialmente se declaró incompetente para conocerlo.
El segundo caso surgió en un monitoreo del Tribunal Supremo Electoral, que encontró un spot en el que supuestamente Ortiz pide el voto de la población. Ante ello, el TSE decidió remitir la denuncia ante el TED de Santa Cruz, para que derive el caso ante el juez electoral competente. La alianza roja tiene su domicilio legal en Santa Cruz de la Sierra.
No obstante, Eulogio Núñez, vicepresidente del TED cruceño, informó de que aún no llegó la documentación del caso.
“Nosotros cumpliremos las directrices del TSE para remitir a la brevedad posible al juez electoral competente, quien tiene la exclusiva competencia de definir si se trata o no de una falta electoral y otorgar una sanción si así correspondiera”, indicó.
Ante la denuncia, Ortiz negó haber pedido el voto a través del spot y aclaró que solo difundió su trabajo de fiscalización como senador. Vladimir Peña, jefe de campaña de BDN, preguntó por qué el TSE no hace nada contra la decena de spots de diversos ministerios que hacen campaña con el dinero de los bolivianos.
El tercero fue denunciado por Mesa en contra de Fencomin, por la difusión de un spot que hace alusión al pasado político de Mesa con insultos. La ley prohíbe la emisión de spots que atenten contra la honra, dignidad y privacidad de los candidatos. Un juez electoral de La Paz atiende el caso.
De ser encontrados culpables, las organizaciones políticas y candidatos pueden ser sancionados con multas de hasta el doble de la tarifa más alta registrada en los medios habilitados.
A menos de tres meses para las elecciones generales del 20 de octubre, surgieron tres denuncias -institucionales y de políticos- por presuntas faltas electorales al pedir el voto a través de medios de comunicación, antes del plazo permitido por la Ley Electoral. La primera es contra el presidente y candidato del MAS, Evo Morales; la segunda es contra Óscar Ortiz, de Bolivia Dice No; y la tercera, contra la Federación de Cooperativistas Mineros (Fencomin).
El primer caso se dio cuando Morales fue denunciado por los diputados opositores Wilson Santamaría y Rafael Quispe, de Unidad Demócrata. Lo acusan de aprovechar la entrega de un colegio, en el municipio cochabambino de Morochata, para ofrecer obras a cambio del 100% de votos a su favor. El hecho sucedió el 18 de junio. El acto fue transmitido por Bolivia TV, medio que también fue denunciado por la difusión del hecho de propaganda.
Según Martín Montaño, presidente del TED cochabambino, la institución devolvió el lunes el proceso ante el juez de Morochata, Omar Blanco, que inicialmente se declaró incompetente para conocerlo.
El segundo caso surgió en un monitoreo del Tribunal Supremo Electoral, que encontró un spot en el que supuestamente Ortiz pide el voto de la población. Ante ello, el TSE decidió remitir la denuncia ante el TED de Santa Cruz, para que derive el caso ante el juez electoral competente. La alianza roja tiene su domicilio legal en Santa Cruz de la Sierra.
No obstante, Eulogio Núñez, vicepresidente del TED cruceño, informó de que aún no llegó la documentación del caso.
“Nosotros cumpliremos las directrices del TSE para remitir a la brevedad posible al juez electoral competente, quien tiene la exclusiva competencia de definir si se trata o no de una falta electoral y otorgar una sanción si así correspondiera”, indicó.
Ante la denuncia, Ortiz negó haber pedido el voto a través del spot y aclaró que solo difundió su trabajo de fiscalización como senador. Vladimir Peña, jefe de campaña de BDN, preguntó por qué el TSE no hace nada contra la decena de spots de diversos ministerios que hacen campaña con el dinero de los bolivianos.
El tercero fue denunciado por Mesa en contra de Fencomin, por la difusión de un spot que hace alusión al pasado político de Mesa con insultos. La ley prohíbe la emisión de spots que atenten contra la honra, dignidad y privacidad de los candidatos. Un juez electoral de La Paz atiende el caso.
De ser encontrados culpables, las organizaciones políticas y candidatos pueden ser sancionados con multas de hasta el doble de la tarifa más alta registrada en los medios habilitados.
