Varias palabras en el país han pasado en los últimos 10 años a los anaqueles de las palabras vacías. Revolución, socialismo, descolonización, plurinacionalidad, entre muchas otras. Pero en realidad no se trata de hacer un ajuste de cuentas o discutir cuán vacías o llenas están las palabras, dependiendo del punto de vista del observador, sino de encontrar sentido a las que aún persisten. Una de las que todavía está en medio del escenario público es la palabra democracia. Es evidente que el énfasis depende del adjetivo que se le agrega: democracia formal, democracia participativa, democracia deliberativa, democracia real, democracia liberal,… y de los discursos a los cuales se articula para adquirir significado; sin embargo, hay algunas condiciones de la palabra democracia que prescinden de los adjetivos y que forman parte del sentido común, por tanto no son negociables: una es la vigencia de leyes y reglas que regulan la convivencia social y el ejercicio de derechos; y la segunda es la participación en las decisiones. El 2009 se ha sellado un acuerdo Constitucional con la promulgación del nuevo texto, que no solo refleja las expectativas en relación con de los cambios acaecidos en los últimos años, sino que fue producto de un amplio y controvertido debate durante la Asamblea Constituyente y que entre sus resultados ratifica la voluntad política de preservar y profundizar la democracia como régimen político y como espíritu de convivencia social.

Por las características señaladas, esta palabra compromete prioritariamente al Estado, que es el responsable de su acatamiento y preservación. Por esta razón han causado tanta indignación los acontecimientos relacionados con la insistencia del partido de Gobierno en la repostulación del actual presidente, en primer lugar, ignorando los resultados del referéndum del 21 de febrero, que fue convocado por la propia Asamblea Legislativa Plurinacional, y cuyo proceso y resultados fueron incuestionables debido a que se acató la norma y fueron refrendados por el Órgano Electoral, que hoy tiene la difícil tarea de velar por su cumplimiento. Y en segundo lugar, por la ratificación de esta voluntad política particular en el fallo emitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional que, bajo argumentos forzados de la normativa internacional, se pronunció días antes de la cesación de funciones de los responsables.

La institucionalidad democrática no es una anécdota histórica, la reiteración periódica de un rito formal o “el apego abstracto a la norma”, como dice el vicepresidente. La conquista de la democracia a fines de los 70 implicó el costo de vidas humanas y de intensas luchas sociales, por lo que durante sus más de 30 años de historia, junto a los esfuerzos a veces fallidos por mejorar el andamiaje institucional, ha ido forjando silenciosamente una ciudadanía que hoy se expresa en defensa de los derechos establecidos precisamente en la nueva Constitución. De ahí que las recientes movilizaciones no pueden interpretarse como un hecho casual u orquestado por intereses ocultos del imperio o de los partidos opositores -que sería otorgarles un poder y capacidad de acción política que no la tienen- o, peor aún, que responden a una confabulación maléfica de las redes sociales, sino reconocer a tiempo el enorme costo que puede significar abandonar el significado sustantivo de la democracia, una democracia sin adjetivos.