Existen varios mecanismos para intentar forzar al presidente Evo Morales a retirar su candidatura a las elecciones de 2019. Algunas de ellas son institucionales, por ejemplo, esperar que el Tribunal Supremo Electoral haga su trabajo y no viabilice su postulación.

Editorial

Compromiso para esclarecer reelección

Existen varios mecanismos para intentar forzar al presidente Evo Morales a retirar su candidatura a las elecciones de 2019. Algunas de ellas son institucionales, por ejemplo, esperar que el Tribunal Supremo Electoral haga su trabajo y no  viabilice su postulación.

Como se ha dicho en estas páginas, el Tribunal Electoral tiene la potestad de inscribir a los candidatos y, para ello, establecer si cumplen o no con los requisitos para serlo. Morales no cumple uno muy importante porque la Constitución solo permite una reelección y porque un referéndum, cuyo resultado es de cumplimiento vinculante y obligatorio, así lo determinó.

También está disponible la presión internacional, especialmente la que pueda ejercer la OEA. Ello, por la siguiente razón: el sistema interamericano de derechos humanos ha sido usado por el gobierno de Morales como sustento para que se acepte la idea de que puede ser candidato de manera indefinida.

Según el régimen, argumento que fue repetido por el Tribunal Constitucional, el Pacto de San José, que regula los derechos humanos de los países de las Américas, le da a Morales (y a cualquier autoridad departamental o municipal) el derecho de postular de manera ilimitada. Según el enredado razonamiento, las limitaciones en la reelección incluidas en la Constitución boliviana “afectan” el derecho humano del Presidente de ejercer sus derechos políticos.

La verdad es, claramente, otra. El artículo 23 de la Carta del Pacto de San José y a la cual el Gobierno ha recurrido, se refiere a que los derechos políticos de los ciudadanos comunes a elegir y ser elegidos no pueden verse limitados. Ese es el espíritu de la ley. El Gobierno de Bolivia intenta hacer creer que ese derecho es para que mandatarios en funciones amplíen aún más su poder.

Para desentrañar el asunto y ver a qué se refiere exactamente ese artículo, es que el expresidente Jorge Quiroga envió al secretario general de la OEA, José Luis Almagro, un pedido de aclaración. En una carta de dos páginas y media, Quiroga argumenta que las autoridades de Gobierno están malinterpretando dicho artículo para lograr que Morales se “eternice” en el poder.

El mismo día de la presentación de la carta, Almagro informó mediante su cuenta de Twitter que la OEA  realizará un estudio sobre el pedido de Quiroga para esclarecer el tema. La noticia es de importancia para la opinión pública nacional. Aunque esa opinión de la OEA no sea vinculante (el Gobierno no se apiada de las normas, peor si son internacionales) habrá quedado claro que el fallo que autoriza la reelección del Presidente no tiene base jurídica legítima.