De acuerdo con los gastos de campaña presupuestados por los diferentes partidos políticos, según información de

La Razón (10/07/2019), la cosa está así: en un extremo, y con el monto más modesto, se ubica el Frente Para la Victoria (FPV), que declara haber reunido Bs 4.000; le siguen, por mucho, el Movimiento Al Socialismo (MAS), que presupuesta Bs 2 millones; Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Bs 4 millones; el Movimiento Tercer Sistema (MTS), Bs 5 millones; el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Bs 7 millones; Bolivia Dice No, Bs 10 millones; y en el otro extremo, con el monto más oneroso, se encuentra Comunidad Ciudadana (CC), con cerca de Bs 53 millones.

Estas cifras, tan distintas, no incluyen sin embargo los Bs 35 millones que el ente electoral distribuirá en especie a cada tienda política, bajo el principio de equidad, pero favoreciendo adicionalmente con el 40% a los frentes participantes en las elecciones de 2014, según su votación obtenida. En todo caso, el escenario es de inequidad y resultado de condiciones que propician la desigualdad. Empero, cuando el exvocero de CC dio a conocer la recaudación estimada de su partido fue juzgado más por el efecto que por la causa del problema.

Y es que los costos de campaña no constituyen un factor independiente de los factores que conforman el proceso electoral y que en conjunto pueden provocar simetrías o asimetrías. En el caso de los costos de campaña, su relación con el periodo de ésta es directamente proporcional. Esto quiere decir que a mayor tiempo de campaña, mayor es el costo, y a la inversa.

Tomando en cuenta esta relación, la literatura especializada establece sobre la base de evidencia empírica que los periodos largos de campaña hacen indispensable el financiamiento estatal si es que se busca evitar la influencia del financiamiento privado. Pero ello afecta al erario público y el costo del voto; aumenta la necesidad de exposición en los medios y beneficia directamente al partido en el gobierno. Tampoco favorece a la calidad del debate ni aumenta los niveles de participación, porque provoca hartazgo en la ciudadanía y agotamiento en los contendientes.

Por esta razón, en cada país existe una determinada tendencia a reducir los periodos de campaña, pues esto permite reducir los gastos; limita la posibilidad de los conflictos de interés, en ausencia de financiamiento público y el predominio de financiamiento privado; reduce la probabilidad de que la campaña negativa afecte la contienda; permite que los partidos se concentren en sus propuestas; que los recursos públicos sean aprovechados en otros rubros; y que los mecanismos de control y fiscalización de los gastos sean más efectivos.

Aunque Bolivia se encuentra por debajo del promedio de los periodos de campaña en América Latina, que consta de 110 días, siendo México y Honduras los casos más extremos (con 170 días, motivo que por el cual son las democracias más caras de la región), habida cuenta de que en España y Francia el periodo solamente dura 15 días, nuestro país expresa todos aquellos problemas relacionados con los largos periodos electorales, y sufre la agravante por una suerte de periodo preelectoral que se inició en noviembre; pero que no reconoce la Ley Electoral, pues ésta estipula como oficiales solamente 90 días de campaña. Por tanto, el juego electoral, en términos de costos, es completamente desigual, porque a mayor periodo de campaña, mayor beneficio para el jugador con más recursos.

Nuestro sistema de partidos deviene además de una crisis, que permitió la conformación de nuevos frentes políticos, para quienes un largo periodo de campaña debía ser propicio para la difusión de sus propuestas y la posibilidad de captar electores, pero en un juego de asimetrías, éstos están destinados a ser los más perdedores.